Fomento incumplió los plazos y el presupuesto de las obras en 2002

El Ministerio de Fomento incumplió los plazos y los costes de las obras públicas, según un informe de la Intervención Delegada sobre la gestión del departamento en 2002, cuando estaba ocupado por Francisco Álvarez Cascos. El informe señala que las entregas de obras de ferrocarril se demoraron notablemente sobre el plazo fijado y que el coste promedio de las carreteras fue superior al precio de licitación. Las revisiones de precios se hicieron de forma irregular.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el organismo supervisor de las cuentas públicas, ha realizado un informe demoledor sobre la gestión del Ministerio de Fomento en 2002. El informe señala que "según se desprende de las obras liquidadas en 2002, se producen desviaciones en costes y plazos (desviaciones similares se han observado en ejercicios anteriores) que deberían ser tenidas en cuenta para realizar una programación más realista". Además dice que la planificación de las inverisones "carece de rigor, es poco realista e insuficiente".

Entre esas anomalías, el informe destaca que la desviación media en los plazos de ejecución ha sido del 150% y del 62,4% para las obras de ferrocarriles y carreteras, respectivamente.

En cuanto a los costes de ejecución, en el caso de la Dirección General de Carreteras, el coste de ejecución alcanzó un promedio del 98,2%. No obstante, si a ese importe se le incrementan diversos gastos por asistencias técnicas, intereses de demora, expropiaciones, el coste promedio de las obras alcanza el 120,3% del precio de la licitación.

Estas desviaciones se producen, entre otras cosas, porque las modificaciones en contratos de la Dirección General de Carreteras han supuesto un incremento del 4,68% del importe de la adjudicación, afectando al 73% de las obras liquidadas en 2002.

Asimismo, el informe apunta que los costes de las expropiaciones de las obras liquidadas han alcanzado un 15,8% del importe de licitación, cinco puntos más que en el ejercicio anterior. La situación es muy distinta en ferrocarriles, que se ajusta al presupuesto original ya que el coste de las obras ascendió al 97,02% de lo licitado, con una baja media del 16,23%.

El informe destaca que los trámites de recepción y liquidación de las obras sobrepasan ampliamente los establecidos en la normativa actual.

Revisiones de precios

Sin embargo, uno de los aspectos más críticos se refiere a la revisión de precios por modificaciones en las obras. Según el informe, "las revisiones de precios no se tramitan de forma regular, aplazándose con carácter general al momento de la liquidación de la obra. Esta forma de actuar, es contraria a la prevista en la Ley y en el Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas y genera sobrecostes en forma de intereses de demora".

Para paliar estas prácticas, la IGAE recomienda la mejora de la gestión administrativa de las expropiaciones, junto con un cumplimiento puntual en la tramitación de las modificaciones y las liquidaciones de obras "que deben tener efectos beneficiosos, no sólo desde el punto de vista legal sino también en la eficacia y la economía".

En este sentido, el informe apunta que es ilustrativa la situación en la Dirección General de Carreteras en 2002, ejercicio en el que el coste de las "ineficacias" en la programación del gasto puede calcularse en 135,8 millones de euros (intereses de demora pagados y remanente de crédito no utilizado). La IGAE también advierte de que la planificación de las inversiones en infraestructuras presenta carencias como la de excluir proyectos en los que existen compromisos fijos de carácter contractual.

También señala que la planificación es poco realista al incluir decenas de proyectos cuya gestión es imposible en el ejercicio por falta de tiempo material y capacidad financiera real. Prueba de ello, es que apenas se invirtió un 5% de los créditos previstos para proyectos a iniciar en el ejercicio.

Asimismo, denuncia que no se conoce una actualización de los costes previstos del Plan de Infraestructuras 2000-2007, ni la secuencia temporal de las diferentes actuaciones en marcha y a iniciar, con la consiguiente escala de prioridades.

Los créditos asignados al Ministerio de Fomento en los Presupuestos Generales del Estado para 2002 fueron de 7.482 millones de euros, y los gastos comprometidos con cargo a dichos créditos de 7.484,7, con una ejecución del 98,9%.

Con una perspectiva más amplia, el informe señala que en materia de carreteras, desde 1992, el 19% de los proyectos aprobados técnicamente en los últimos diez años no se llegaron a ejecutarse (103 de los 543 proyectos aprobados).

Asimismo, el 62% de los proyectos puestos en ejecución por la Dirección General de Carreteras tuvieron al menos un modificado, lo que supuso un incremento promedio del 10,8% sobre el precio de adjudicación.