Economía 'vigilará' a los departamentos para que no gasten más de lo presupuestado

El Parlament aprobó ayer los primeros presupuestos del Gobierno de Pasqual Maragall con los votos en contra del PP y de Convergència i Unió (CiU). Estos presupuestos, de transición porque son para lo que queda de 2004 y que incluyen el polémico recargo de 2,4 céntimos por litro de gasolina para contribuir a sufragar el abultado déficit de la sanidad, obligan por ley al Ejecutivo autónomo a apretarse el cinturón hasta el extremo de fiscalizar la actuación de todos los departamentos. El de Economía exigirá responsabilidades a los titulares de los "centros de gasto" que incumplan lo presupuestado.

El artículo 14 de la Ley de Presupuestos obliga al Gobierno y a "todos los centros de gasto" a "no adoptar ninguna iniciativa legislativa o administrativa que comporte un aumento del gasto público presupuestado" durante este año. Si un departamento anuncia cualquier medida, deberá explicitar con qué recursos adicionales piensa pagarla o bien qué recorte proporcional de gasto será necesaria, "con la especificación presupuestaria correspondiente". Si no es así, la medida será declarada "nula de pleno derecho".

Al margen de que la Intervención General de la Generalitat informe cada tres meses sobre posibles incidencias detectadas al respecto, el mismo artículo autoriza a los órganos fiscalizadores para informar a Economía y Finanzas de cualquier iniciativa legislativa que descubran que suponga un aumento del gasto público y que no se propongan los recursos extra para financiarla. "Economía debe exigir responsabilidades a los titulares de los centros de gasto que incurran en un incumplimiento", añade el texto.

El Gobierno "no se fía"

Desde la oposición, el diputado de CiU Antoni Castellà llegó a comentar sobre la cuestión que la Generalitat "no se fía" de que sus propios consejeros contengan el gasto. El Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana e Iniciativa Verds defendieron este artículo porque plasma "el esfuerzo de contención" del Gobierno catalán, que ha ajustado las cuentas heredadas por el anterior Ejecutivo de CiU para pasar de un supuesto superávit a un déficit de 1.177 millones de euros en 2003 (el 0,86% del producto interior bruto -PIB- de Cataluña).

Basándose en esta "herencia", Cataluña ha sido la única comunidad autónoma, junto con Galicia y Baleares, que ha planteado abiertamente que no podrá cumplir con el principio del déficit cero ni este año ni en los próximos, pero se compromete a reestablecer el equilibrio presupuestario en 2008.

En el Congreso de los Diputados, cuando se presenta una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos con una medida que implica un aumento del gasto, es obligado presentar otra enmienda con la consiguiente dotación de recursos.

Las medidas anteriores refuerzan el compromiso del tripartito para contener el gasto, uno de los dos ejes básicos del presupuesto de 2004, junto al reestablecimiento del equilibrio presupuestario. Las primeras cuentas públicas del Gobierno de Pasqual Maragall se cerrarán con un déficit de 853,6 millones de euros, el 0,58% del PIB catalán.

La Administración catalana se gastará en 2004 cerca de 18.710 millones de euros, que serán 22.472 millones si se tienen en cuenta los gastos de las entidades autónomas, el Servicio Catalán de la Salud, las empresas públicas y el resto de entidades que configuran el sector público de la Generalitat.El presupuesto de la Generalitat para 2004 y su ley de medidas fiscales y administrativas, denominada ley de acompañamiento, se aprobaron ayer en una sola jornada parlamentaria. Esta inusual rapidez, que sirvió al portavoz de CiU en la Cámara catalana, Felip Puig, para denunciar la aplicación de la "mecánica del rodillo parlamentario", fue subrayada por el consejero de Economía y Finanzas del Gobierno catalán, Antoni Castells, como un ejemplo de "sintonía, coherencia y cohesión absoluta" de los partidos que integran la coalición de gobierno.

El consejero, al igual que ya hizo cuando presentó las cuentas públicas en la Cámara, el 24 de mayo, insistió en que se trata de un presupuesto de "transición", aunque de "cambio", puesto que suponen un punto de "inflexión" respecto a la etapa de CiU y "marcan las líneas prioritarias" del nuevo Ejecutivo catalán: contención del gasto y restablecimiento del equilibrio presupuestario.

En una conferencia de prensa posterior a la sesión plenaria, Castells reiteró que la Generalitat "ha hecho lo que tenía que hacer" al gravar el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos" porque, al haber "utilizado los instrumentos" a su alcance para mejorar los recursos, "tenemos más autoridad moral para pedir una mejora del sistema de financiación", dijo el consejero.

"Ahora es el Estado el que debe aportar lo que haga falta para contribuir a la financiación de la sanidad, porque sin su concurso este problema no tendrá solución", remachó Castells.

Dentro de la ley de acompañamiento, la Generalitat incorpora el gravamen de 2,4 céntimos de euro por litro de gasolina y gasóleos de uso general para contribuir a sufragar el abultado déficit sanitario. La tasa, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, será de 0,6 céntimos en los gasóleos para calefacción.

La ley de medidas fiscales también incorpora una deducción de 150 euros en el tramo autonómico del IRPF durante los tres primeros años de viudedad, que se ampliará a 300 euros si hay hijos a cargo, y bonificaciones del 99% a personas disminuidas en la cuota del impuesto sobre el patrimonio correspondiente a los bienes y derechos que comprenda este patrimonio protegido.

Como en el debate sobre las enmiendas a la totalidad presentadas por CiU y el PP, celebrado el pasado 15 de junio, ayer ambos grupos volvieron a denunciar el "aumento de la presión fiscal" que implica el presupuesto de la Generalitat para 2004. La diputada popular Belén Pajares exigió la eliminación, además de la tasa de la gasolina, del tipo general del 1% en el impuesto sobre transimisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto de sucesiones mortis causa. Felip Puig insistió, en conferencia de prensa, en que este presupuesto "perjudica a los más débiles" porque no están concebidos para que "pague más quien más tiene".