El Consejo de la Justicia crea una permanente para hacerlo más ágil

Más ágil y eficaz. Así se pretende que sea a partir de ahora el Consejo de la Justicia de Cataluña, un órgano colegiado de reflexión y análisis en el que están representados todos los sectores relacionados con la Administración de justicia, que ayer presidió ayer por primera vez Pasqual Maragall desde que accedió a la presidencia de la Generalitat. Para hacer posible ese deseo se creará una comisión permanente.

El Consejo de la Justicia se creó el 23 de mayo de 2002 bajo el Gobierno de Jordi Pujol y coincidiendo con el ya abolido Día de la Justicia en Cataluña. Hasta ahora, el pleno del consejo sólo se había reunido dos veces en unos encuentros tan multitudinarios. El pleno lo forman 50 representantes de los llamados operadores jurídicos y judiciales, además de entidades y asociaciones relacionadas con el mundo de la justicia. A partir ahora se creará una comisión permanente que, como mínimo, se reunirá cada seis meses y que tendrá una representación muy minoritaria. Además, la comisión podrá formar grupos para tratar temas concretos, con lo que la agilidad y eficacia, al menos sobre el papel, parecen más probables.

Pero al margen de sus estructura y funcionamiento interno, el Consejo de la Justicia acordó ayer encargar la redacción del Libro Verde de la Justicia en Cataluña, en lo que será el primer informe oficial de este tipo que se haga, aunque ya hayan transcurrido 24 años de autonomía. "Será una herramienta eficaz para hacer un diagnóstico del estado de la justicia en Cataluña y establecer prioridades", aseguró el consejero de Justicia, Josep Maria Vallès. Además, se ha encargado otro estudio sobre los derechos lingüísticos de los ciudadanos en el ámbito judicial.

Recuperar competencias

Vallès considera entre esas prioridades figura también el hecho de recuperar algunas competencias que una "interpretación restrictiva" de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha ido recortando durante 25 años, así como dotar a la Administración de justicia de mejores edificios judiciales, mejor infraestructura informática y mejor gestión de personal.

La justicia es probablemente una de las competencias que está más compartimentada, pues además de la Generalitat y el ministerio interviene un tercer gestor: el Consejo General del Poder Judicial. "Nosotros interpretamos que la Constitución y el Estatut ofrecían a la Generalitat todas las competencias que la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que son del Gobierno del Estado", aseguró Vallès. En consecuencia, si la Generalitat es el Estado en Cataluña, "el Departamento de Justicia debería estar haciendo todo lo que hace el ministerio", añadió Vallès. Más competencias implican, entre otras cosas, más presupuesto.