Incompatibilidades

El Defensor del Pueblo Andaluz ha emitido una resolución respecto a las denuncias de dos altos cargos de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Córdoba, ahora llamada Delegación de Empleo, por presunta incompatibilidad en ejercer actividades en empresas privadas (centros formativos) y por dar formación en dichas empresas tendentes a la obtención por parte de los alumnos de las Cualificaciones Preventivas en materia de Prevención de Riesgos Laborales (niveles Superior y Medio), sin que dichos funcionarios tuvieran la certificación de la acreditación formativa reglamentaria (especie de título) para impartir dicha formación.

Si bien el Defensor del Pueblo, no considera que dichas actuaciones vulneran los Derechos Fundamentales, sin embargo, la incompatibilidad y la falta de formación ya aludida, si que son puestas en tela de juicio por parte de dicha institución. De ahí, que se haga constar en dicha resolución que, no solamente se promoverá una actuación de oficio ante la Viceconsejería de Empleo para que revise y compruebe las autorizaciones administrativas concedidas a los centros formativos, sino que también se dará traslado a la Dirección General de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, como titular de la inspección y control del cumplimiento por parte del personal de sus obligaciones, de la documentación correspondiente a la docencia impartida por funcionarios.

¿Es posible pensar que El Defensor del Pueblo Andaluz, promueva dichas actuaciones de ser las actuaciones de los funcionarios denunciados conforme a Derecho?

El delegado que ahora es de Innovación, Ciencia y Empresa de Córdoba, D. Andrés Luque García, no solamente autorizó dichos cursos, sino que resolvió favorablemente el expediente a uno de los funcionarios denunciados, concretamente a D. Rafael Álvarez Plaza (director del Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ahora adjunto al director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba) y no inició el expediente disciplinario al que fuera otro de los funcionarios denunciados, D. Miguel Rivas Beltrán (secretario general también de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Córdoba)

Se ha estado formando a técnicos en Prevención de Riesgos Laborales por quien ni siquiera tienen la formación reglamentaria para hacerlo. ¿Por qué no se cumple con el principio de legalidad y se depuran responsabilidades ante unos hechos tan graves?