Por una nueva política de telecomunicaciones

El todavía reciente cambio de Gobierno es un buen momento para hacer balance de los logros que los españoles han alcanzado en su lenta marcha hacia la sociedad del conocimiento. La gran revolución social del siglo XX, la que ha mejorado exponencialmente la calidad de vida de las personas y, en algunos casos la esperanza de tenerla, ha sido política, y ha consistido en generar un consenso social básico respecto al uso que debería hacerse de los logros de la revolución industrial.

En estos momentos, nos enfrentamos a un reto semejante con respecto de la realidad de lo que se ha venido a denominar "la sociedad digital". Las decisiones que políticamente hemos de tomar son dos: decidir si convertiremos el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento en un objetivo prioritario para nuestro país y decidir si construiremos una Sociedad del Conocimiento para todos, evitando lo que se ha venido a llamar la "brecha digital".

Nuestro país ha perdido oportunidades por carecer del sentido estratégico preciso

La pregunta es si nuestro esfuerzo es suficiente para alcanzar el nivel de los países de nuestro entorno

Los tecnólogos estiman la vida media de las tecnologías mecánicoeléctricas en siete años. Sabemos que el conocimiento químico en el mundo dobla su volumen cada tres años y medio, que la vida media de los conocimientos en farmacología no supera los cinco años; y que en microelectrónica y telecomunicaciones oscila entre 1,8 y dos años. Incluso se ha verificado la llamada Ley de Moore (Moore es uno de los fundadores de Intel) según el cual cada 18 meses se duplica la capacidad y se divide por 2 el tamaño de los microprocesadores. Esa ley se ha venido cumpliendo desde hace más de 30 años.

En los cuatro años que dura un periodo legislativo en el Parlamento, el 70% de lo que hoy conocemos en esos campos habrá sido remplazado por nuevas teorías y conocimientos que influirán en los procesos sociales, abriendo paso o, cuando menos, generando expectativas, respecto al establecimiento de novedosas herramientas que afectarán de manera sobresaliente a las formas de enfocar el trabajo, los servicios o la educación.

Las consecuencias sociales de estas innovaciones exigen una acción política que, además de liderar e impulsar la renovación tecnológica y apostar por el conocimiento, garantice que los beneficios derivados de las nuevas tecnologías articulen a la sociedad que los produce y reviertan en el bienestar de su ciudadanía.

Que la compañía de Bill Gates ponga en el mercado una nueva consola con una capacidad gráfica capaz de triplicar la potencia presente en el resto de las consolas supone, también, un avance tecnológico capaz de generar unas posibilidades inimaginables en el mundo de los videojuegos. Pero debemos preguntarnos: ¿Supone este avance un cambio trascendental en las alternativas de ocio de nuestros jóvenes?

Uno de los valores del siglo recién comenzado es la velocidad. No basta con tener las mejores ideas o la mejor voluntad, hay que desarrollarlas en el momento en el que son demandadas, cuando son necesarias. En nuestras sociedades, los cambios son de tal magnitud, y se producen con tanta rapidez, que no es extraño que innovaciones que encarnaban la promesa de una solución definitiva pasen a la obsolescencia sin haber llegado a implantarse. Precisamente esta rapidez hace que algunas sociedades, algunos gobiernos, algunas personas, tiendan a dejarse llevar, a no pensar, a no planificar: es la peor de las actitudes. Frente al futuro existen dos talantes: el de quienes intentan construirlo y el de quienes se limitan a encontrárselo.

En algunas cuestiones decisivas, España ha oscurecido su porvenir por no afrontar su construcción en la forma y tiempo debidos. España, afronta ahora el reto de estar en el grupo de países que lidere la nueva sociedad, la Sociedad del Conocimiento. Nuestro país ha perdido demasiadas veces sus oportunidades por carecer del sentido estratégico preciso para apostar con determinación por el porvenir. El desarrollo de la Sociedad de la Información y, por ende, de las telecomunicaciones, es una pieza esencial de todo discurso político y una necesidad básica para nuestro país. No deben ahorrarse esfuerzos para impulsar cuantos proyectos resulten relevantes a la consecución de tal fin.

Ser conscientes de ello implica también mantener una activa reflexión sobre las consecuencias de esta revolución y, sobre todo, de la sociedad que queremos construir. ¿Qué futuro queremos trazar política, normativa y socialmente para equilibrar eficiencia técnica y económica con eficiencia social y cultural?

En España existen datos positivos sobre el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. Cabe destacar que se ha producido un incremento del 1,5 % anual en la utilización de sistemas avanzados de telecomunicación y en estos momentos el tráfico de datos supera ya al de voz. Se han implantado 3 operadores de telefonía móvil de segunda generación. Algo más del 50% de las empresas están conectadas a Internet, aunque la media comunitaria sea del 71 %. El comercio electrónico ha crecido notablemente en nuestro país, aunque la falta de confianza de los consumidores respecto a la seguridad de las transacciones y la ausencia de una cultura de compra y venta por catálogo estén lastrando el pleno desarrollo del mismo. La radio digital es una realidad desde el año 2000, aunque la falta de receptores está retrasando la comercialización de este sistema de comunicación. Es innegable que existen avances, y son muchos los datos que lo corroboran.

España, como decimos, está realizando un esfuerzo para implantar las tecnologías de la información, cuyo consumo ha crecido en los últimos 3 años un 14%, un 4% más que la media de la UE. Pero tenemos un doble problema. En primer lugar, partimos de una posición claramente desfavorable respecto a otros países. En segundo lugar, nosotros invertimos más, pero el resto de los países sigue invirtiendo. La pregunta, por tanto, no es si lo estamos haciendo bien, sino si nuestro esfuerzo resulta suficiente para alcanzar el nivel de desarrollo de los países de nuestro entorno en un plazo razonable. Existen, además, datos preocupantes.

El Foro de Davos sitúa a España en el puesto 26 por penetración tecnológica. El informe se basa en un índice denominado networked readiness o preparación para la economía en red que reseña la capacidad de las economías para reconocer y aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información.

Expertos de Microsoft, citando fuentes del Observatorio Europeo de Información Tecnológica (EITO), señalan que en España sólo se invierte una media de 262 euros al año por habitante en tecnologías de la información, lo que es apenas el 40% de la media europea y un irrisorio 17.4% de la media en los EE UU. El mayor desfase no se da en las grandes compañías, cuyo nivel es similar al de otros países de la UE, sino en las Pymes, que son el grueso del tejido productivo y donde la mayor parte de los españoles tienen su puesto de trabajo.

Pero lo más importante no es hablar de cifras, ni discutir sobre cifras: hay que mejorar la vida y las oportunidades de las personas y las empresas de nuestro país. No se trata de discutir si somos los penúltimos. Los antepenúltimos, en nivel de conexión o de inversión: que la sociedad española sea consciente del lugar del que partimos es solo el primer paso para saber hacia donde nos encaminamos.

AETIC, la patronal del sector que preside Jesús Banegas, ha calculado el retraso de nuestro país en 12 años respecto a la media de la UE; en 30 años respecto a la media de los tres países más avanzados y en 50 años respecto a USA. AETIC ha evaluado que converger con la media de la UE en cuatro años supondría un esfuerzo de inversión adicional de 1,6 puntos, lo que equivaldría a una inversión 30 puntos superior a la actual.

Ante este panorama, como ya pidió el presidente del Gobierno- entonces jefe de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero en un encuentro con los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, impulsar la puesta en marcha de un Plan de Convergencia con dos requerimientos principales:

El primero es trabajar con indicadores y medir nuestros resultados comparándolos con los de los demás, no con los nuestros. Si yo crezco más pero los demás, que son más altos que yo, siguen creciendo nunca los podré alcanzar a no ser que realice un esfuerzo suplementario. En segundo lugar ese esfuerzo suplementario exige liderazgo e inversión, virtudes incompatibles con el ausentismo y la sacralización del déficit cero. Como se ve, lo que, con unos matices u otros, están manifestando diversos actores sociales y políticos en nuestro país es la necesidad de comprometer un esfuerzo adicional para desarrollar la Sociedad del Conocimiento, un esfuerzo que no se ha producido. Las administraciones públicas han sido incapaces de aprovechar una oportunidad tan evidente y significativa.

El nuevo Gobierno tiene en estas materias importantes desafíos. Hace unos días, desde el Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información se reclamaba un pacto de Estado para el desarrollo de la Sociedad de la Información. Hoy ese mismo Foro se reúne en El Escorial con Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información para debatir nuevas posibilidades de impulso del que se ha convertido en uno de los sectores clave par el progreso y bienestar de cualquier sociedad.

Javier Cremades es abogado y presidente del Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información.