Tarjeta amarilla a Berlusconi

La Comisión Europea enseñó ayer la cartulina amarilla a Silvio Berlusconi, primer ministro italiano y propietario del Milan. Le da dos meses para que modifique drásticamente la ley que concede a los clubes italianos de fútbol excepciones contables que les permiten ocultar su auténtico estado financiero y seguir pujando por jugadores estelares. Un reciente estudio reveló que los 18 clubes de la Seria A italiana, equivalente a la Primera División española, cerraron la pasada temporada con un déficit operativo acumulado cercano a los mil millones de euros.

En febrero del año pasado, el Gobierno italiano aprobó un decreto llamado salva calcio. Su normativa permitía a los clubes, en particular a aquellos cuya principal fuente de gasto son los contratos supermillonarios de sus figuras, recurrir a una contabilidad que minusvaloraba su auténtico coste. Su valoración y costo, además, autorizaba a que fuera amortizada en plazos iguales a lo largo de diez años aunque los contratos tuvieran una vigencia de mucho menos tiempo.

A juicio de la Comisión Europea, este trato de favor permitía a los clubes "ocultar las pérdidas reales y ofrecer un panorama engañoso al inversor". Una circunstancia clave en clubes que cotizan en bolsa, como el Juventus, el Roma o el Lazio.

En los últimos años, por ejemplo, el Inter de Milán ha devaluado su patrimonio en 319 millones de euros; el Milan de Berlusconi, en 242; el Roma, en 234; el Lazio, en 213; y el Parma, en 180. Por estas cifras, sin el amparo del decreto salva calcio, estos clubes habrían debido reflejar en sus balances correspondientes pérdidas millonarias que les habrían colocado al borde de la quiebra.

La legislación comunitaria concede un plazo máximo de tres años para contabilizar las pérdidas de capital de las empresas y para los deportistas establece que sus costes queden reflejados en los libros durante el tiempo que estén en el club, no más allá. Además, la valoración de los deportistas debe reflejar su auténtico valor de mercado aún en el caso de devaluación por lesiones, pérdida de forma u otras circunstancias.

Evitar precedentes

La Comisión Europea se ha visto obligada a remitir a Italia un dictamen motivado, segundo paso en los procedimientos de infracción, en el que pide los cambios correspondientes a esa normativa. Italia tiene ahora dos meses para ajustar el decreto salva calcio a la legislación comunitaria si no quiere ser llevada al Tribunal de Justicia de la Unión.

Bruselas entiende que la normativa aprobada en Italia posibilita a sus clubes ofrecer una situación financiera "engañosa", sin los costes y pérdidas "reales" de cada temporada. La Comisión Europea considera que el fútbol italiano vulnera el principio general -directivas sobre contabilidad de 1978 y 1983-, de que los balances contables reflejen de manera "cierta y justa" los activos y pasivos, la situación financiera y las pérdidas o ganancias de una empresa. La normativa europea, además, no permite amortizar el coste específico de los contratos de deportistas en un plazo mayor a la duración de su vida económica, lo que según la Comisión tampoco se cumple en este caso. Al ser cuestionada la ley, el Gobierno italiano modificó la normativa para que no se considerase como una ayuda del Estado a los clubes. La CE no considera este asunto, sino su compatibilidad con la ley contable europea.

Para la Comisión Europea se trata de evitar que se siente un precedente que pudiera ser aprovechado por otros países o sectores económicos. "Si permitimos a un tipo de empresas violar las reglas para amortizar contratos en periodos de tiempo mayores que los de su vigencia económica, otros países y sectores podrían seguir el ejemplo", afirmó ayer Jonathan Todd, portavoz del comisario responsable de fiscalidad y mercado interior.

El portavoz dijo que en el caso extremo de que el contencioso llegara al Tribunal de Luxemburgo y éste fallara contra Italia, el resto de los clubes europeos que se sintieran perjudicados por la contabilidad de los italianos podrían reclamar indemnizaciones. Hasta ahora no ha habido señales de que otros clubes puedan estar interesados por intervenir en la disputa.

Sería un caso de difícil valoración. Los clubes deberían probar que la presunta buena salud financiera de sus rivales italianos les permitió hacerse con jugadores de categoría que de otro modo no hubiesen ido a jugar al calcio.

Ya el pasado mes de marzo, el Gobierno de Berlusconi tuvo que retirar algunas provisiones legislativas que favorecían fiscalmente a los clubes con economía precaria. Un mes antes, la policía había registrado las oficinas de los 42 clubes de las dos primeras divisiones italianas en busca de pruebas sobre fraude contable.