Hipocresía escandalosa

Dado que la violencia sobre las mujeres está de actualidad en España, estuve el viernes buscando en revistas de otros países europeos qué es lo que se está escribiendo sobre el tema y si existía la misma preocupación que en nuestro país y me encontré de entrada con el artículo de cabecera del número de julio de Le Monde Diplomatique, firmado por Ignacio Ramonet, que lleva por título Violencias masculinas. En dicho artículo, a partir de un informe de 2004 de Amnistía Internacional y de otro de 2002 publicado por La Documentation Français, se nos informa de que en la Unión Europea (antes de la ampliación) "entre un cuarto y la mitad de las mujeres son víctimas de malos tratos. En Portugal el 52,8% de las mujeres declara haber sido objeto de violencia por su marido o compañero. En Alemania, tres mujeres son asesinadas cada cuatro días por los hombres con los que viven, aproximadamente 300 al año. En el Reino Unido una mujer muere por el mismo motivo cada tres días. En España, una cada cuatro. En Francia, una cada cinco. En el conjunto de los 15 Estados de la Unión Europea, más de 600 mujeres -¡casi dos por día!- mueren como consecuencia de las brutalidades sexistas en el círculo familiar". Como puede verse, España no es diferente, aunque esto no suponga ningún consuelo. Todo lo contrario, pues indica que el problema es todavía más difícil de resolver.

"Se puede llegar a la conclusión de que en la UE no nos hemos tomado en serio la violencia sobre las mujeres"

¿Por qué aceptamos de una manera fatalista que se produzcan tantas muertes de mujeres en las relaciones de pareja? El asesinato de cualquier mujer al margen de la relación de pareja provoca una reacción inmediata entre los ciudadanos. Algunos de los asuntos que más han impactado a la opinión pública han tenido que ver con asesinatos de este tipo. Y sin embargo, cuando el asesinato se produce en el interior de la pareja, la sociedad no reacciona igual. ¿Por qué?

No cabe duda de que, con todas sus imperfecciones, las sociedades europeas son las más equilibradas y justas que existen en el planeta y las que disponen, también sin duda, del mejor sistema judicial, policial y penitenciario. ¿Cómo es posible que en estas sociedades no se hayan puesto en práctica políticas para poner fin a esta tragedia? ¿Cómo es posible que cuando se intenta poner en marcha una política para proteger a las mujeres, como ha ocurrido en España con el proyecto de ley recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, se genere la discusión que se ha generado por la falta de protección en pie de igualdad de los hombres?

Dándole vueltas a estos interrogantes estaba, cuando me llegó el número 42, junio de 2004, de la revista Enlace, editada por la Federación Andaluza de Drogodependencia y sida. La ojeé para seleccionar después el artículo que pensaba leer y me encontré con uno excelente de Joep Oomen, coordinador de ENCOD, una plataforma europea de asociaciones de ciudadanos afectados o preocupados por la actual política internacional de drogas y que desean reemplazarla por otra que sea "justa y eficaz". En dicho artículo, además de hacer un análisis crítico de esa política internacional y de explicar por qué no ha tenido éxito hasta ahora y por qué no va a tenerlo en el futuro, el autor nos informa de que "en la Unión Europea cada día se gasta alrededor de 10 millones de euros en actividades de interdicción (policía, justicia, aduana y prisiones) específicamente ligadas a combatir las drogas ilegales". Y concluía preguntándose: "¿Cómo se justifica este gasto?".

Inmediatamente puse en conexión el artículo de Ramonet con el de Oomen y me pregunté lo mismo que me imagino que se estará preguntando el lector que haya llegado hasta aquí. ¿Qué ocurriría si los Estados de la Unión Europea dedicaran todos los días 10 millones de euros a proteger a las mujeres frente a la violencia doméstica? ¿Se reduciría o no se reduciría de manera drástica el número de agresiones de todo tipo que sufren las mujeres y en particular el número de muertes? ¿Por qué seguimos gastando esa enorme cantidad de dinero en una política que está condenada al fracaso y no somos capaces de gastar no ya una cantidad similar sino ni siquiera ligeramente aproximada en poner en práctica una política de protección de las mujeres que posiblemente tendría éxito?

Por aquí es por donde se tendría que avanzar en el debate de la violencia sobre las mujeres. Cuánto se gasta en términos absolutos y en términos relativos. Pues no hay mejor indicador de la importancia que en una sociedad se le da a un problema que los recursos que dicha sociedad está dispuesta a dedicar para resolverlo. Y puesto que los recursos son siempre limitados y hay que dar prioridad a unas políticas sobre otras es en la asignación concreta de los recursos en donde hay que buscar el lugar que ocupa un determinado asunto en las preocupaciones de los ciudadanos y en la interpretación que de las mismas hacen los gobiernos.

Haciendo uso de este criterio, creo que se puede llegar a la conclusión de que en la UE no nos hemos tomado en serio el problema de la violencia sobre las mujeres. La discusión que se ha abierto en nuestro país apenas se ha tenido conocimiento del proyecto de ley ha venido a confirmarlo. ¿Cómo es posible que, en lugar de pedir una revisión de los presupuestos de los Ministerios de Justicia e Interior, para ver que lugar tendría que ocupar en ellos la protección de las mujeres frente a la violencia doméstica, nos hayamos enzarzado en una discusión sobre galgos o podencos?

El seguimiento del gasto en términos absoluto y relativo debería ser una prioridad de las instituciones que específicamente se preocupan por la violencia doméstica. Los ciudadanos deberíamos tener información permanentemente actualizada en este terreno. Mientras no estemos dispuestos a destinar los recursos necesarios a combatir esta forma de criminalidad, nuestras lágrimas serán de cocodrilo y nuestra conducta de una hipocresía escandalosa.