El PP se niega a que los cargos públicos revelen sus bienes

El Grupo Popular rechazó ayer en las Cortes la proposición de Esquerra Unida sobre transparencia de cargos públicos cuya tramitación había consentido el Consell. A pesar de que en Castilla-La Mancha el PP apoyó una ley similar que no ha sido cuestionada y con el argumento de la posible inconstitucionalidad de la propuesta de EU, los populares la rechazaron porque la publicación de los datos puede atentar contra la intimidad de los cargos públicos. El portavoz de EU, Joan Ribó, les espetó que el problema del PP no está en la intimidad, sino "en la cartera".

La proposición de ley de transparencia de gestores y cargos públicos llegó ayer, por fin, al pleno de las Cortes. Presentada por EU en abril de 2002, y a pesar de que ya entonces el Consell emitió dictamen favorable a su tramitación, el PP impidió que llegara al pleno debido a su supuesta inconstitucionalidad. La iniciativa pretende que todos los cargos públicos estén obligados a presentar declaración de actividades, intereses y bienes, que serían publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Una ley muy parecida está vigente desde 1995 en Castilla-La Mancha y desde 1996 en Extremadura, y en Cataluña también se han puesto en marcha mecanismos de control similares.

Joan Ribó defendió su iniciativa ante la "crisis de confianza en los cargos públicos" que los ciudadanos manifiestan en las encuestas y porque la transparencia ayudaría a "dignificar la política y la gestión pública". Se trata, dijo, de "poner mecanismos para ponerles las cosas más difíciles a aquellas personas que van a la política para buscar un beneficio personal" y para que "cualquiera que aspire a un cargo público sepa que tiene que superar la prueba de la transparencia".

Pese al criterio favorable del Consell, el popular Rafael Maluenda anunció el voto en contra de la iniciativa y leyó una prolija intervención llena de citas de sentencias del Tribunal Constitucional y de advertencias acerca de la posible vulneración de leyes estatales. Así, argumentó que la ley impide a la Agencia Tributaria ceder los datos de la renta, obviando que lo que se busca es que sean los cargos públicos los que los den a conocer voluntariamente.

Ante el argumento de supuesta inconstitucionalidad esgrimido por el PP, Ribó preguntó por qué no se ha recurrido la ley de Castilla-La Mancha. Y ante la reiterada referencia a la intimidad, preguntó si es que hay una "intimidad valenciana", incluso si la hay "valenciana del sur" -citó a Luis Fernando Cartagena- o "valenciana del norte" -y mencionó a Carlos Fabra-. "El problema no está en la intimidad, sino en la cartera, es que ustedes tienen determinadas cosas que no las pueden hacer transparentes", espetó Ribó, que comparó la intervención de Maluenda con la actitud de ciertas aves que se alejan del nido para llamar la atención sobre sí mismas con el fin de proteger a sus polluelos.

El socialista Antoni Such argumentó que el vigente registro de actividades y bienes no ha servido, porque ha permitido que Fabra haya "mentido". "Al final, lo que pasa es que no quieren la transparencia", concluyó Such, que criticó la "contradicción" entre la postura del Consell y del PP, que rechazó la iniciativa.