El Defensor del Pueblo denuncia irregularidades en la asistencia letrada a inmigrantes en Algeciras

La actuación de 46 letrados de Algeciras ha perjudicado a miles de inmigrantes en situación irregular, según se desprende de un estudio realizado por la Junta de Andalucía. "Uso abusivo y generalizado de formularios", "fundamentos jurídicos estereotipados", "argumentos jurídicos muy escuetos, poco motivados e incongruentes" y minutas astronómicas son algunas de las conclusiones del estudio que aparece recogido en el último informe del Defensor del Pueblo. De las 2.820 asistencias analizadas durante el primer trimestre de 2003, 1.049 (el 37%) presentan ese tipo de deficiencias.

En uno de los casos, citado a modo de ejemplo, un letrado presentó siete escritos similares oponiéndose al internamiento de sus clientes, cuando solamente uno de ellos fue internado y los seis restantes quedaron en libertad.

La situación viene de antiguo. Según la Junta de Andalucía, durante el segundo semestre de 2001 se realizaron en el partido judicial de Algeciras 5.466 actuaciones en materia de extranjería. El contenido de esos 5.466 escritos fue, siempre según la Junta, "débil y con un reducida fundamentación jurídica". De hecho, un número importante de ellos fueron fotocopias en las que lo único que variaba era el nombre del ciudadano extranjero afectado. En algún caso fue presentado el mismo escrito 145 veces. También hubo casos de escritos presentados alrededor de 120 veces.

"No es posible hablar de asistencia jurídica cuando un número considerable de expedientes fueron despachados con escritos de alegaciones o con recursos exactamente iguales, en los que no se individualizaron las circunstancias personales de los inmigrantes", señala el informe, redactado por la adjunta primera del Defensor del Pueblo, Margarita Cava de Llano.

"Tampoco existe asistencia jurídica", añade, "cuando se citan disposiciones legales derogadas, se presentan recursos fuera de plazo (en algún caso hasta después de transcurridos 30 días) o se pide que se deje sin efecto el internamiento de un grupo de personas cuando las mismas nunca fueron internadas".

"Incumplimiento manifiesto"

"En todos estos casos", añade, "los letrados que intervinieron incumplieron de forma manifiesta las funciones que recoge el artículo 1 de su Estatuto, ya que no hicieron posible la efectividad de los derechos y libertades de las personas a las que asistieron".

El Defensor responsabiliza de esta situación al Colegio de Abogados de Cádiz, al que acusa de "grave dejación de funciones" por no haber hecho uso de las tareas de inspección y supervisión que le atribuye el Estatuto General de la Abogacía para depurar "las responsabilidades disciplinadas derivadas de estas anomalías".

"Toda esta información", afirma, "fue puesta en conocimiento del Colegio de Abogados". Este organismo justificó las prácticas denunciadas con argumentos tales como que a iguales resoluciones administrativas corresponderían iguales recursos, "porque los abogados no son literatos y tienen que ceñirse a los hechos que se les dan y a los fundamentos de derecho que sean aplicables a esos hechos". Siguiendo ese razonamiento, el Colegio señalaba que contra resoluciones que recogen supuestos idénticos de devolución o expulsión, los hechos a exponer son idénticos y los fundamentos de derecho, también.

El Defensor del Pueblo considera que el derecho a la asistencia jurídica no puede supeditarse al número de personas que tienen que recibirlo. "La prestación correcta de su derecho debe ser igual en Cádiz que en el resto de provincias de España. Si para lograr ese resultado es necesario reorganizar el servicio de asistencia jurídica que se presta en esa provincia, debería el Colegio de Abogados asumir las responsabilidades que le corresponden y solicitar de las autoridades competentes los medios necesarios".

El informe insiste en la "grave dejación de funciones" que supone el que el Colegio no iniciara de oficio los expedientes necesarios para depurar las responsabilidades derivadas del mal ejercicio" de la asistencia a los inmigrantes.

"No es jurídicamente defendible", argumenta, "que para depurar las irregularidades se esté a la espera de que los inmigrantes presenten las denuncias oportunas -muchos de ellos son devueltos o expulsados y no vuelven más a nuestro país- o que las fuerzas de orden público denuncien alguna anomalía".

"Resulta público y notorio que los inmigrantes, en numerosos supuestos, no reúnen los conocimientos y estudios necesarios como para valorar la calidad y el alcance que tiene el derecho a la asistencia jurídica en nuestro ordenamiento", recuerda. "Tampoco se encuentra entre los cometidos de las fuerzas policiales la supervisión deontológica de la actuación de los abogados".

Dado que el Colegio no atendió las denuncias del Defensor del Pueblo, éste trasladó su actitud al Consejo General de la Abogacía y al Consejo de Colegios de Abogados de Andalucía. El Consejo General de la Abogacía convocó urgentemente a sus órganos competentes para abordar el asunto en profundidad.