El PSOE ofrece al PP grandes pactos en política exterior, inmigración, estatutos y Constitución
Los socialistas también proponen acuerdos sobre empleo, educación y el modelo de televisión pública
El PSOE está dispuesto a negociar con el Partido Popular cuatro aspectos políticos sustanciales para rubricar pactos de Estado similares a los que ambas formaciones suscribieron en la pasada legislatura, cuando gobernaba José María Aznar, sobre estrategia antiterrorista y reformas judiciales. Los socialistas, ahora en el Gobierno, proponen a los populares cuatro grandes acuerdos sobre inmigración, política exterior, reformas de estatutos de autonomías y reforma de la Constitución. Este ofrecimiento, según destaca el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, se enmarca en los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de investidura.
Además de los cuatro pactos de Estado sobre inmigración, política exterior, estatutos y Constitución, los socialistas están interesados en alcanzar el máximo acuerdo posible con el PP respecto a la futura reforma legal para potenciar la estabilidad en el empleo y atajar la precariedad, la definición del modelo de televisión pública y los cambios educativos. "En este último aspecto creo que la discrepancia es tan radical que será difícil llegar a algún acuerdo con el PP", matiza Blanco.
José Luis Rodríguez Zapatero definió en su discurso de investidura las bases en las que pretende asentar esos pactos de Estado.
- Inmigración. El presidente del Gobierno considera que "uno de los desafíos más acuciantes y profundos que tiene planteada la convivencia social en España es el derivado de la inmigración, que desde hace años toma a España como destino". Los socialistas plantean un acuerdo para propiciar una "política de cohesión social evitando los riesgos de fractura". Y proponen un pacto de Estado que descanse sobre "dos grandes elementos", según el planteamiento de Zapatero: "El control y la gestión de flujos de inmigrantes y las políticas de integración. Es imprescindible mejorar el control de fronteras para frenar la inmigración irregular y la persecución de los traficantes de mano de obra, especialmente en comunidades como Andalucía y Canarias, que se encuentran en muchos casos al borde de la saturación y con crecientes problemas humanitarios y de seguridad. Pero son los acuerdos con los países emisores y la contratación en origen -es decir, la inmigración ordenada- lo único que permitirá combatir eficazmente el tráfico de mano de obra y los desoladores accidentes que hoy cada vez son más frecuentes".
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está redactando el Reglamento que desarrolle la actual Ley de Extranjería, con el que se pretende arbitrar mecanismos para facilitar la regularización de aquellos inmigrantes que dispongan de un contrato de trabajo en España.
Uno de los problemas más acuciantes es el de los inmigrantes irregulares que no pueden ser repatriados a sus países de origen. Hay, según los últimos estudios del Instituto Nacional de Estadística, basados en los padrones municipales, cerca de un millón de inmigrantes irregulares en España.
- Política exterior. La política exterior se ha convertido en uno de los principales frentes que dividen al Gobierno socialista y al primer partido de la oposición, el PP. Zapatero proclamó en su discurso de investidura la necesidad de "recuperar un consenso que nunca debió romperse".
El pacto de Estado que proponen los socialista debe "dejar claro", según el presidente del Gobierno, "un convencido compromiso europeísta; debe situar en Latinoamérica y el Mediterráneo los centros de atención preferente; debe mantener con Estados Unidos una relación de países socios y amigos basada en la lealtad y la franqueza recíprocas; debe alinearse inequívocamente con la legalidad internacional, con la reforma y reforzamiento de los instrumentos de paz internacionales, y debe, finalmente, hacer de la cooperación al desarrollo un elemento esencial de la política internacional".
- Constitución. La reforma de la Constitución que los socialistas pretenden impulsar sólo encuentra, de momento, un pequeño escollo en las filas del PP. La reforma del Senado, todavía no precisada por los socialistas, desata los recelos del PP. Respecto a los otros tres aspectos de la reforma Constitucional, que afectan a la sucesión de la Corona, a la inclusión de los nombres de las 17 autonomías y las dos ciudades autónomas, y la referencia a la Constitución Europea, el PP no pone obstáculos.
- Reforma estatutaria. El Gobierno pretende garantizar la aprobación de las reformas de los estatutos de autonomía aprobadas en los respectivos Parlamentos de las comunidades con amplio consenso y que no desborden el actual marco constitucional. El PP también pone esa condición para aceptar cualquier modificación en los estatutos de autonomías.
- Reformas educativas. Rodríguez Zapatero expresó en su debate de investidura que la escuela pública padecía un grave deterioro y el sistema educativo tenía carencias generales en todos sus niveles. En el Congreso anunció la reforma de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación y de la Ley Orgánica de Universidades. "Me comprometí a reformarlas de inmediato y así lo haremos. Es una reforma que tardará algún tiempo por los trámites que hay que respetar, pero, sobre todo, porque quiero seguir el procedimiento contrario al que se utilizó para su aprobación. Quiero lograr un amplio acuerdo porque creo que la educación requiere proyectos de largo plazo, estabilidad suficiente para evaluar sus resultados y un amplio consenso social que respalde la actividad de los docentes y proporcione tranquilidad a los padres sobre la formación que reciben sus hijos".
- Empleo. El Gobierno propondrá un acuerdo social de competitividad y empleo estable. En base a él, según explicó Zapatero, se definirán "sobre nuevas bases los supuestos de contratación temporal y las políticas activas de fomento del empleo estable, con atención especial a crear condiciones reales de accesibilidad al empleo para colectivos que, como mujeres, jóvenes, discapacitados y parados de larga duración, padecen dificultades especiales para acceder al empleo".
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