El fiscal general del Estado respalda las medidas contra las viviendas en Medina Azahara
La Fiscalía de Córdoba advirtió de que la dotación de agua y alcantarillado sería perseguible
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, respaldaron ayer la serie de medidas que su departamento ha iniciado en Córdoba contra las viviendas situadas en el entorno del conjunto arqueológico de Medina Azahara. La Fiscalía de Córdoba ha abierto cuatro diligencias contra parcelas ubicadas en una zona con la máxima protección patrimonial.
El respaldo a los expedientes de la Fiscalía se extiende a la advertencia que los fiscales de Córdoba encargados de patrimonio, ordenación del territorio y medio ambiente, Borja Jiménez y Consuelo Fidalgo, realizaron sobre la intención del Ayuntamiento de Córdoba de dotar de agua y alcantarillado a 244 viviendas situadas en el entorno de la antigua ciudad omeya. Conde Pumpido y García Calderón señalaron que la urbanización de la zona sería perseguible desde el punto de vista penal al llevar aparejadas obras en una zona con la máxima protección patrimonial.
"La mejor forma de proteger el patrimonio es controlar de manera eficaz la actividad administrativa, más que la del propio particular", advirtió Jesús García Calderón.
No obstante, tanto García Calderón como el fiscal general del Estado se mostraron cautelosos a la hora de analizar la problemática de Córdoba. Ambos realizaron ayer una visita a Córdoba con motivo del homenaje al fiscal jefe Narciso Ariza, quien se jubila a mediados de julio.
La proliferación de parcelas en Córdoba viene de muy lejos, pero en el entorno de Medina Azahara se remonta a enero de 1995, cuando la Delegación de Cultura comenzó a remitir al Ayuntamiento de Córdoba las ya más de 300 denuncias relativas a procesos de urbanización en la zona incluida dentro del Plan Especial de Protección del conjunto arqueológico. En este perímetro se erigen ahora 244 viviendas distribuidas en tres urbanizaciones: Cordoba la Vieja, La Gorgoja 2 y Las Pitas. Estas denuncias no llegaron a la Fiscalía.
No obstante, fue en 2003 cuando el perímetro del Bien de Interés Cultural (BIC) se amplió mediante decreto de la Junta hasta incluir dichas urbanizaciones. De este modo, las denuncias de la Delegación de Cultura comenzaron a llegar a la Fiscalía de Córdoba a través de la Policía Autonómica.
La Fiscalía de Córdoba mantiene abiertas cuatro diligencias, tres en Las Pitas y la otra en Córdoba la Vieja, esta última por derribar parte de un muro construido en el siglo XVIII.
El Ministerio Fiscal pide en esta causa cuatro años de prisión para dos personas por este presunto delito contra el patrimonio.
Jesús García Calderón, no descartó la probabilidad de derribo de estas viviendas del entorno del conjunto arqueológico, pero precisó: "No puedo adelantar nada porque desconozco el contenido concreto".
Cándido Conde Pumpido recordó que el Código Penal prevé la demolición de las obras ilegales, aunque trasladó tal decisión al juez que instruye cada una de las diligencias.
El fiscal jefe del TSJA puntualizó que los delitos que afectan a patrimonio artístico son "complejos". Y agregó que son muchos los aspectos a tener en cuenta, como el nivel de protección (en este caso máximo), la fecha de construcción de edificio (antes de que las viviendas quedaran encuadradas en el BIC) y las circunstancias en las que se produce la urbanización. "No se puede generalizar", apostilló.
El fiscal general del Estado concluyó que "la protección del medio ambiente y del patrimonio es lo más importante que se puede legar a las generaciones futuras".
