Montilla recuerda a Maragall que para el PSC no es prioritario tener grupo propio

El debate sobre el grupo propio del PSC en el Congreso al margen del PSOE "no está en la agenda" y hoy por hoy está "cerrado". El presidente del PSOE, Manuel Chaves, e incluso el primer secretario del PSC, José Montilla, se sumaron casi milimétricamente a la postura de José Blanco, secretario de Organización del PSOE, y también se desmarcaron del presidente de los socialistas catalanes, Pasqual Maragall. Montilla dejó claro que su opinión y también la del PSC, precisó, es que ahora "no es una prioridad".

Maragall desempolvó el domingo, en el Consejo Nacional del PSC, una de sus demandas históricas: que los socialistas recuperen el grupo parlamentario propio que tuvieron en las Cortes hasta 1982, cuando se reformó el reglamento de la Cámara. Su objetivo, según dirigentes de su entorno, era aprovechar la "coyuntura única" -Gobierno del PSOE, fortaleza del PSC y proceso en marcha del reglamento de la Cámara-, pero lanzó de nuevo la propuesta sin consultarla con nadie y ha provocada una cascada de desautorizaciones: no sólo en el PSOE, sino también entre los socialistas catalanes.

El primer secretario del PSC y ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Montilla, dejó ayer de lado su tradicional cautela y prudencia y le enmendó la plana a su presidente, con quien sobre el papel codirige el PSC. En una entrevista en la Cadena SER, recordó que los socialistas catalanes "nunca han renunciado" a la demanda, pero subrayó "que en estos momentos no es un tema que preocupe a los ciudadanos ni es una prioridad para el PSC". "No lo ponemos en la agenda, hoy", insistió Montilla, quien además añadió que estaba expresando su opinión, pero también "la del partido".

La dirección del PSC tenía hasta ahora una posición conjunta que servía para equilibrar todas las posiciones existentes ante esta demanda histórica del partido: recordar que no renuncia a disponer de un grupo propio, pero escudarse en que el reglamento de la Cámara lo impide.

Con su renovada y sorpresiva proclama, Maragall puso en riesgo este difícil equilibrio, lo que ha provocado hondo malestar en los sectores próximos a Montilla. El reproche no es tanto sobre el fondo de la cuestión -a pesar de las diferencias-, sino sobre todo por el hecho de que el presidente de la Generalitat lance propuestas polémicas sin haber discutido antes internamente la situación.

Toque de atención

Fuentes del partido explicaban ayer la inusual reacción de Montilla como un toque de atención que va más allá del caso puntual sobre el grupo parlamentario y que se expresa a las puertas de los congresos del PSOE y del PSC, ambos en julio. Destacados dirigentes del PSC no ocultan su preocupación al considerar que Maragall va a su aire, que abre polémicas innecesarias y que se centra demasiado en asuntos identitarios en lugar de dar prioridad a la agenda social y a la consolidación de los Gobiernos catalán, pero también español, del que Montilla es ministro.

Montilla no fue el único dirigente importante que mostró su disconformidad con el debate reabierto por Maragall. El presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, que precisamente se entrevistó con el presidente de la Generalitat en Sevilla, se sumó a la posición expresada por Blanco. En un primer momento rehusó dar su opinión, aunque posteriormente afirmó: "El secretario de Organización dejó bastante claras las cosas. No sé lo que ocurrirá dentro de cierto tiempo, pero la contestación de José Blanco cierra el debate en estos momentos. No hay debate en el contexto del PSOE", afirmó.

Maragall dejó ayer de lado cualquier heterodoxia y se ciñó a la posición oficial acordada por la ejecutiva del PSC del lunes: recordó que el partido "no renuncia" a su aspiración y que será la dirección que salga del nuevo congreso la que, en otoño, tomará una decisión al respecto. Pese al revuelo, sus colaboradores están satisfechos porque existe un compromiso de discutir la cuestión en otoño.

En cambio, Chaves y Maragall acercaron posiciones en materia de financiación autonómica: ambos coincidieron en que la reforma del modelo debe servir para acercar a las comunidades de régimen común con las forales y defendieron un sistema "simétrico". Estuvieron de acuerdo en el principio básico, "igual para todos": que las comunidades paguen según su renta y reciban de acuerdo con su población.