El aeropuerto de Castellón dice que interpretó la declaración de impacto

El director general de la sociedad pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas), Juan García Salas, esgrimió ayer una "interpretación semántica" para justificar la realización de diversos trabajos durante el periodo expresamente prohibido por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). García Salas acudió ayer a declarar ante la titular del juzgado número 4 de Castellón, como imputado por un posible delito ambiental.

El procedimiento se abrió tras una denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción ante el incumplimiento de los requisitos marcados por el Ministerio de Medio Ambiente.

El documento señala que, para respetar el período de nidificación de una especie protegida, el aguilucho cenizo, entre el 25 de marzo y el 15 de septiembre en la zona no se pueden desarrollar "actividades molestas ni ruidosas". "No se realizarán desbroces, excavaciones, movimientos de tierras ni voladuras", añade. El director general de la sociedad pública aseguró ayer haber cumplido "con la legislación vigente" y arguyó que existen distintas interpretaciones sobre lo que significa desbrozar. Para García Salas, se trata de una cuestión de "semántica" y "la interpretación correcta la tiene que dar la juez", tal como dijo. Según el representante legal de la sociedad participada por la Generalitat y por la Diputación de Castellón, la empresa constructora "sólo realizó trabajos de desbroce hasta el 25 de marzo". Con posterioridad, "se han llevado a cabo tareas de limpieza".

Para avalar esta interpretación de la DIA, la sociedad promotora persigue la redacción de un documento de la Consejería de Territorio, que suscriba un permiso especial para realizar este tipo de trabajos aún en el periodo prohibido por la DIA. Según la abogada de Ecologistas en Acción, Ainara García, el director general de Aerocas se ampara en un "acuerdo verbal con la Consejería de Territorio y Vivienda, que pretenden que se plasme por escrito". En cualquier caso, ese permiso escrito, de momento, no existe y el responsable del departamento, Rafael Blasco, ya indicó que la administración autonómica no es el estamento adecuado para conceder una autorización de ese tipo. Así, la letrada confirmó que el representante de Aerocas llamó "trabajos de limpieza" lo que a entender de los ecologistas fueron tareas de desbroce prohibidas por la DIA. "No sólo no hemos cometido ningún delito, sino que nuestro talante ha sido siempre de cumplir con la legislación, que es lo que debe hacer cualquier sociedad pública o mercantil e, incluso, hemos cumplido más allá de la ley", señaló Juan García Salas al abandonar el juzgado.

Ahora, la juez está pendiente de que acudan a declarar el representante de la empresa adjudicataria, la UTE formada por FCC, Lubasa y PGP y el jefe de obras.