Dos ONG revelan en un informe que la ocupación de las cárceles andaluzas es del 160%

La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) y la Asamblea de Familiares y Amigos de Personas Presas en Andalucía han elaborado un informe sobre los 12 centros penitenciarios de la comunidad. La conclusión más llamativa es que éstos están al 160% de su capacidad. El documento también critica los servicios sanitarios, educativos y jurídicos, así como el cumplimiento de las penas fuera del lugar de origen. Sólo las prisiones de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y El Puerto de Santamaría I (Cádiz) no están ocupadas por encima del 100%, según el sindicato Acaip.

En los centros penitenciarios de Málaga (1.703 presos en 837 plazas), en el Psiquiátrico de Sevilla (691 reclusos en 74 celdas) y en El Puerto II (691 internos en 326) hay el doble de presos que plazas funcionales, siempre según el informe. En toda la región hay 12.237 encarcelados y sólo 7.605 plazas funcionales. Del total de presos, 9.545 cumplen condena y 2.692 están en prisión preventiva.

El informe, en el que se advierte de las negativas condiciones de vida de los reclusos y de trabajo de los funcionarios, se entregó el martes a la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. Ésta se comprometió a que sólo haya un preso por celda en las cárceles andaluzas, según explicó ayer en conferencia de prensa el vocal de prisiones de APDH en Córdoba, Vicente Aguilar.

Tanto APDH como la Asamblea de Familiares y Amigos de Personas Presas rechazan, no obstante, la intención del Gobierno de construir dos cárceles en Morón de la Frontera y El Puerto de Santamaría.

Ambas asociaciones entienden que esta política se aparta de la intención de reinsertar y abogan por la prevención de la conducta delictiva y, en su defecto, por la creación de otro tipo de centros penitenciarios "más especializados, basados en el tratamiento, abiertos a la colaboración de la sociedad, con seguimiento y apoyo pospenitenciario real y efectivo, orientado a la rehabilitación de drogodependencias y a la inserción laboral y cerca de la familia del preso para fomentar el contacto entre ellos".

El informe cifra en 3.000 el número de presos que cumplen condena fuera de su lugar de origen. Las ONG consideran que, así, "difícilmente" se pueda cumplir la finalidad de reinserción. Además, advierten de la dificultad para que el preso se relacione con los familiares, del elevado coste de los desplazamientos de sus hallegados y de la "práctica imposibilidad de disfrutar de permisos", al carecer los presos de personas dispuestas a acogerles. "El alejamiento", se afirma en el documento, "sigue prestándose a múltiples arbitrariedades de las autoridades penitenciarias, que pueden hacer uso desviado de los traslados, convirtiéndolos en un instrumento de castigo no previsto por la ley".

En cuanto a los servicios sanitarios, las dos ONG señalan la carencia de equipos especializados, la prescripción de tratamientos con criterios presupuestarios, la primacía de la seguridad sobre la salud de los internos en sus citas en hospitales, las deficientes condiciones de las unidades de custodia y la dificultad de implantar los programas de intercambio de jeringuillas en prisión. Las asociaciones reclaman la excarcelación de enfermos graves por criterios humanitarios y la inclusión de la sanidad penitenciaria en el sistema nacional de salud. También se advierte en el informe de la insuficiente publicidad de la implantación de la asistencia jurídica gratuita.

Otro aspecto que lamentan las ONG es que 2.483 presos no han accedido a la atención educativa en el pasado curso. La Junta de Andalucía espera enderezar esta situación después de haber recibido la transferencia del cuerpo de 69 docentes, que se suman a los 23 habilitados por la Consejería.

Finalmente, el informe critica la extensión de la responsabilidad civil de los presos insolventes a los familiares, quienes, "en su lucha por sacarlos de prisión [disfrutar del tercer grado], se hipotecan hasta extremos ilimitados".