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Tres años de cárcel por ofrecer falsos permisos de trabajo a inmigrantes

El condenado citaba a sus víctimas en la puerta de Trabajo

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Manuel Yajamín Remache, ecuatoriano de 43 años, a tres años de cárcel por delitos de estafa y contra los derechos de los trabajadores. Se le acusa de estafar cantidades que rondan los 300 euros a cada uno de los 42 inmigrantes a los que captó ofreciéndoles un empleo y un permiso de residencia y trabajo en España.

El tribunal considera que Yamajín intervino en una trama consistente en crear una empresa fantasma, que fue radicada en Colmenar Viejo, y que era la que supuestamente daría empleo a los estafados. Una de esas empresas, de hecho, llegó a tramitar a partir de 2000, ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cerca de 400 solicitudes de ofertas de trabajo para inmigrantes, si bien ninguna de ellas fue aprobada tras descubirse que la citada empresa "en realidad era inexistente".

La Audiencia de Madrid declara probado que el 1 de febrero de 2000, "un individuo ajeno a esta causa" creó una sociedad llamada Las Tres Américas, SL, con sede en calle del Pilar de Zaragoza, 19, de Colmenar Viejo, y se erigió en administrador único. En esa misma dirección estaba inscrita otra sociedad, Tambo de Madrid, en la que el individuo antes citado trabajaba como coordinador.

Señala el tribunal que a partir del 1 de febrero de 2000, el acusado, Manuel Yajamín Remache, sirviéndose de la sociedad Tambo, comenzó a "ofrecer a ciudadanos extranjeros la posibilidad de regular su situación en España mediante un contrato de trabajo". El objetivo de todo ello "era lucrarse ilícitamente" con el dinero de esos trabajadores a sabiendas, explican los jueces, de que sus promesas "resultarían infructuosas".

Para lograr el permiso, el acusado decía a los extranjeros, todos ellos sin papales e interesados en trabajar en España, que debían inscribirse en su asociación y pagar por ello alrededor de 70 euros. Además del coste de la inscripción, luego les pedía una cantidad similar para, según decía, tramitarles los papeles. Para dar apariencia de credibilidad a sus artimañas, el acusado citaba a sus víctimas delante de la Dirección Provincial de Trabajo, en la calle Bretón de los Herreros, en Madrid, y allí les facilitaba un impreso de solicitud de permiso de trabajo y residencia y otro impreso que parecía una oferta de empleo.

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Como ofertante de ese contrato de trabajo, figuraba su amigo y administrador de la empresa Las Tres Américas, que no ha sido juzgado en esta causa. Aparte de este dinero, luego les obligaba a ir a un notario para que otorgasen poderes en favor de otras personas (tampoco juzgadas en esta causa) que serían las que supuestamente se encargarían de gestionar el resto de los trámites: certificado de antecedentes, médicos....

El acusado, además, informó a sus víctimas de que una vez realizados todos esos trámites debían de pagar otros 162 euros en concepto de pago de impuestos. En total, señala la Audiencia, todos los trámites que indicaba el acusado costaban a las víctimas en torno a 300 euros. Dinero que entregaban a cambio de unos permisos que el acusado sabía que "en ningún caso iban a perfeccionarse". Y éste era un hecho conocido puesto que, según el tribunal, la citada empresa, Las Tres Américas, había presentado cerca de 400 expediente en el Ministerio de Trabajo y ninguno había sido otorgado, porque la empresa "era ficticia y en realidad no existía", se indica en la sentencia.

El acusado fue juzgado por una estafa contra 42 inmigrantes. En la sentencia no se indica si los demás implicados han sido juzgados y qué consecuencias penales se han derivado de los cerca de 400 expedientes que tramitó la citada firma.

Los jueces entienden que el acusado ha cometido delitos de estafa y contra los trabajadores, y le condena a devolver las cantidades que el reo logró de los 42 inmigrantes. Los tres años de cárcel impuestos son los mismos que solicitó el fiscal en el juicio, celebrado en la Sección 23 de la Audiencia madrileña. Los hechos fueron investigados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Colmenar.

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