5 españoles han sido secuestrados y asesinados en tres meses en México

"El Estado de derecho debe funcionar para que este país cambie". La clave de muchos problemas de México reside en el cumplimiento de la invocación del empresario que acompañó a la embajadora de España, Cristina Barrios, en su entrevista con el ministro de Gobernación, Santiago Creel, para comunicar la alarma de la comunidad española ante el asesinato de cinco de los ocho españoles secuestrados en los tres últimos meses.

El empresario, que representó a los centros regionales, permaneció cautivo 42 días, "siempre agachado, siempre vendado", y salvó la vida después de pagar rescate. La perdió, la noche del miércoles, el comandante que investigaba el secuestro y asesinato, en mayo, de dos hermanos de origen cántabro, por cuya liberación la familia había pagado ya medio millón de dólares.

"Rompieron el cristal de mi vehículo y me bajaron a la fuerza. Iba mucha gente (16 delincuentes con armas largas)", recuerda el hotelero, liberado hace tres semanas, después de la entrevista de la embajadora y el cónsul, Miguel Díaz Pache, con el ministro de Gobernación y el jefe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN, servicio de inteligencia), Eduardo Medina Mora. "¿Bloquear las cuentas de las familias para impedir el pago? No. Eso no resuelve nada. Debe ser el Estado de derecho (...) y hay que darle un voto de confianza a la policía". Su familia comunicó el secuestro a la Agencia Federal de Investigación (AFI), el cuerpo (6.000 hombres) más creíble y preparado en un país todavía vapuleado por la corrupción y la impunidad. Desde el año 2001 ha resuelto 419 casos y evitado el pago de más de 500 millones de dólares, según la Fiscalía General.

La embajadora de España recomendó a la colonia lo obvio: "Que tome conciencia de las medidas de precaución que hay que adoptar" para evitar su captura por las bandas, que en los últimos ocho años han asesinado a 160 secuestrados, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una organización no gubernamental. El número de secuestros oscila entre los 500 del año 2003 reconocidos oficialmente y los más de 2.000 calculados por grupos ciudadanos y compañías de seguridad, el mayor número mundial después de Colombia. La comunidad española registrada en el consulado, personas nacidas en España o hijos de españoles con doble nacionalidad, asciende a 80.000 personas, la mayoría domiciliada en el Distrito Federal y el vecino Estado de México. Los españoles secuestrados no pertenecían al club de las grandes fortunas, que se mueven con ejércitos en coches o camionetas blindadas.

"Los empresarios que se han visto afectados por esta oleada de secuestros son gente hecha a sí misma en México a base de esfuerzo y trabajo", precisó el cónsul, Miguel Díaz Pache. No se descarta que haya más españoles secuestrados cuyas familias negocian por su cuenta. Las autoridades mexicanas son conscientes de lo que está pasando "y van a tomar las medidas precisas y oportunas para prevenir y castigar a los secuestradores (...) La mediación de empresas privadas y abogados no parece lo más adecuado", según agregó Cristina Barrios, que se reunirá con el secretario de Seguridad Pública de la capital federal, Marcelo Ebrard, y planteará el problema, el próximo día 22, al resto de los embajadores de la Unión Europea.

Las reuniones y bienintencionadas declaraciones de unos y otros se suceden casi de oficio mientras la criminal industria continúa vigorosa y no repara en nacionalidad: atrapa a quien tiene dinero. La mayoría de las familias calla porque teme la complicidad de la policía con el delito o el aprovechamiento del drama para lucrarse. Sobran las pruebas en ese sentido. Un padre estimuló a un equipo policial con el puntual envío de decenas de miles de dólares para lograr la liberación de su hijo, ajeno a que el chaval era ya cadáver. Los canallas uniformados sí lo sabían, pero alimentaron durante semanas el macabro engaño de la esperanza a fin de prolongar la recepción de los dólares.