El fiscal Anticorrupción quiere poder declarar secretas sus investigaciones

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, ha propuesto que las diligencias de investigación de los fiscales, reguladas en el nuevo artículo 5 de su Estatuto, puedan ser declaradas secretas cuando su conocimiento por el investigado o su letrado ponga en peligro la finalidad de las mismas. Además, opina que cuando el investigado tome conocimiento de las diligencias no debe permitírsele obtener copia fotográfica o de reprografía.

El fiscal Anticorrupción critica en su Memoria correspondiente a 2003 la regulación que se hace de las "diligencias de investigación" en el borrador del Reglamento del Ministerio Fiscal, que considera "claramente insuficiente" y hasta "contradictoria y perturbadora por la falta de claridad con que aborda el tema".

Por ello, Salinas traslada a la Memoria elevada al fiscal general del Estado las propuestas elaboradas en unas jornadas celebradas en Palma de Mallorca, según las cuales los fiscales deberían poder "declarar secretas las diligencias de investigación, cuando su conocimiento por el investigado o letrado ponga en peligro la finalidad de las mismas, debiendo ser tal declaración motivada y por el tiempo más breve posible".

El artículo 5 del nuevo Estatuto establece que el fiscal recibirá declaración del sospechoso, quien habrá de estar asistido de letrado y "podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas". El fiscal Anticorrupción quiere restringir esa "toma de conocimiento" del contenido de las diligencias por parte del investigado o de su letrado, que se haga "de manera personal, directa, en la sede de la fiscalía y en el día y hora que les haya sido notificada". Deberá hacerse "en presencia del fiscal, o persona en quien delegue si el investigado o su letrado desea recoger notas o apuntes", pero "no se le permitirá la utilización de medios fotográficos o de reprografía para la toma de conocimiento, ni podrá exigirse a la Fiscalía copia de su contenido o de la documentación existente".

Estas propuestas contrastan con la práctica forense en la jurisdicción en la que más trabaja Anticorrupción -la Audiencia Nacional-, en la que los jueces facilitan habitualmente actas de declaración de los sospechosos y, cuando las actuaciones son muy voluminosas, permiten utilizar medios fotográficos, incluso a cargo de empresas especializadas.

El mismo artículo 5 del Estatuto señala que las investigaciones habrán de ser "proporcionadas" al hecho investigado, "sin que puedan exceder de seis meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del fiscal del Estado". Anticorrupción considera "indiferente" que la prórroga sea o no motivada, pero cree que la denegación de la prórroga por el fiscal general sí debe serlo.

Respecto a los asuntos que lleva la Fiscalía Anticorrupción, el año pasado interpuso 11 querellas y denuncias a raíz de diligencias de investigación, de las que cinco ha derivado en procedimientos judiciales competencia de Anticorrupción y otros seis han ido a otras fiscalías.

Defraudación del IVA

Durante 2003, Anticorrupción recibió 121 denuncias, de las que 72 fueron archivadas y 49 remitidas a otras fiscalías u organismos. Durante el pasado ejercicio, se concluyeron 13 diligencias informativas, 18 se encontraban en trámite y cinco estaban pendientes desde el año anterior. De las diligencias de investigación, 22 están en trámite y 15 concluidas.

La Memoria da cuenta de la creciente actuación de grupos delictivos organizados que defraudan en varios Estados miembros de la Unión Europea el IVA de los componentes electrónicos e informáticos, de los metales preciosos y de los coches de lujo.

También menciona el "severo retraso" en el cumplimiento de las comisiones rogatorias solicitada a instancias de la Fiscalía. Añade que la mayoría de las comisiones rogatorias con dilaciones están dirigidas a países de fuera de la Unión Europea, "y en algunos casos a afamados paraísos fiscales". La Fiscalía prepara un "plan de choque" para intentar impulsar el cumplimiento de estas peticiones de auxilio judicial.

Además, Eurojust ha convocado a Anticorrupción a tres reuniones multilaterales en materia de contrabando de alcohol, fraude de inversiones y fraude contra los intereses financieros comunitarios, a fin de coordinar las investigaciones.