Fox quiere autorizar el voto de millones de mexicanos en el exterior

La eventual aprobación del último y complejo proyecto de ley enviado al Congreso por el presidente Vicente Fox, que autoriza el voto de los mexicanos emigrantes en las generales del año 2006, puede tener consecuencias determinantes. Cerca de 20 millones de personas de origen mexicano, 10 millones nacidas en México, residen en Estados Unidos. Fox ganó las generales del año 2000 con 16 millones de votos.

La propuesta del Ejecutivo fue remitida al Congreso, controlado por la oposición, poco antes de la gira que el presidente comenzó ayer por diversas ciudades del noroeste de EE UU. No es la primera vez que grupos ciudadanos y partidos pretenden legalizar el sufragio de los compatriotas en el extranjero. Varios borradores, redactados desde 1998, han quedado olvidados.

"Con la firma de esta iniciativa, que es fruto del trabajo y el acuerdo de muchos partidos, mostramos una vez más nuestro firme compromiso de reconocer los derechos ciudadanos de quienes residen temporal o transitoriamente fuera del país", señaló Fox. Hasta dos millones de mexicanos domiciliados en otros países podrían tomar parte en la elección de su presidente, de aprobarse el proyecto de ley, según los primeros cálculos. Prácticamente la totalidad de los emigrantes residen en Estados Unidos, donde constituyen la primera comunidad hispana. Sus remesas alcanzaron los 13.000 millones de dólares anuales, segundo ingreso después del petróleo y por encima del monto de la inversión extranjera directa.

Los tres principales partidos mexicanos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el oficialista y conservador Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), izquierda, defienden el voto de los emigrantes, pero discrepan sobre el contenido y oportunidad de la última propuesta. Uno de los escollos a salvar es definir si los inmigrantes podrán votar en los consulados, arriesgándose los ilegales a ser detenidos por la migra (la policía dedicada a combatir la inmigración clandestina), negociar facilidades de Washington para en el caso de que deban volver a su país para poder hacerlo, o habilitar otras fórmulas. Pocos se arriesgaron en las generales de 2000 a regresar para ejercer el derecho al sufragio porque debían esquivar las duras leyes migratorias de EE UU y el progresivo blindaje de una frontera de 3.200 kilómetros.

Las estadísticas sobre el número de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos son precarias: supuestamente cinco millones son legales y entre tres y cinco millones, sin papeles. Cada año cruzan ilegalmente la línea divisoria cerca de medio millón, según los datos disponibles. "El Gobierno es consciente de que existen riesgos", admitió el secretario (ministro) de Gobernación, Santiago Creel. Garantizar la limpieza del voto emigrante en un país donde la cultura del fraude electoral está muy arraigada constituye otro de los retos. El Instituto Federal Electoral, con una gran credibilidad, deberá intervenir en el establecimiento de las cautelas pertinentes y contar con una nueva partida, cercana a los 300 millones de dólares.

"La iniciativa anticipa distintas modalidades; entre ellas, además del sufragio en casillas, se incluye la posibilidad de que se permita el voto electrónico y postal", dijo Creel. "La reforma electoral de 1996 eliminó las limitantes al voto en el extranjero, pero no consagró ni reglamentó su ejercicio. Esta iniciativa llena esta laguna legal". Las objeciones opositoras fueron casi inmediatas. "Es financiera y logísticamente inviable para que se instrumente en 2006", manifestó Roberto Pedraza, miembro de la comisión legislativa de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios del PRI. "Hay que asegurarse de tener los recursos para implantar los mecanismos y que existan candados que eviten la injerencia de organizaciones, partidos y recursos del extranjero".