El limbo de los PGS

Dice el diccionario que la moratoria es un "plazo que se otorga para solventar una deuda vencida". Si hablamos de los jóvenes, la moratoria es el estado en que uno aplaza la toma de decisiones. Lo prudente, en estos casos, parece ser continuar explorando posibilidades hasta dar con aquéllas que se nos presenten como mejores y, por fin, concluir la moratoria, tomando una decisión con la que uno alcanza su compromiso.

Moratoria, pues, no equivale a quedarse cruzados de brazos, a permanecer inmóviles.

Bien lo saben muchos jóvenes. Como los más de 43.000 que, en el curso 2002-2003 (datos del MEC) cursaron algún Programa de Garantía Social (PGS). Entre 1995 y 2003, son más de 240.000 los jóvenes que han tenido la oportunidad de disfrutar de un PGS, un curso de moratoria. En ese curso aplazan una posible entrada al mercado de trabajo en condiciones muy desfavorables, para buscar y explorar lo que, para muchos de ellos, era la única ocasión de tratar de ver garantizado su derecho a la educación. No disponían de otras opciones.

Durante una década, los PGS han supuesto una oportunidad para todos esos jóvenes, para muchos la última. Los PGS han estado durante toda esta década en un limbo legal y administrativo, lo que les ha permitido disfrutar de mucha flexibilidad organizativa y pedagógica, de cotas máximas de autonomía docente a la hora de diseñar los programas formativos y atender a las demandas que plantea la diversidad, allí donde ya ni siquiera otras medidas de diversificación curricular eran posibles.

Quizá podemos resumir en tres rasgos las virtudes que han hecho de los PGS una oferta educativa atractiva para jóvenes que habían sido ya estigmatizados con el fracaso: 1) Podían ser impartidos tanto en centros escolares como no escolares, tanto públicos como privados (institutos, colegios, entidades locales, asociaciones sin ánimo de lucro, incluso algún gremio). Ésta ha sido una opción que ha sido muy frecuente en la Comunidad Valenciana, que la cuidó con atención durante los primeros años de su implantación; una opción que, por lo general, ha dado muy buenos resultados. Tanto es así que el propio Servef había decidido mantener la oferta de PGS una vez la LOCE los declarara extinguidos. 2) No había un currículum prefijado, es decir, no había enseñanzas mínimas que cumplir, lo que ponía a los jóvenes en el centro de los procesos educativos, devolviendo a los contenidos un carácter instrumental en la formación de los mismos. 3) Una reducida ratio (15 jóvenes, 2 formadores) que permitía convertir el espacio docente en un lugar en el que las relaciones pedagógicas eran, en primer lugar, personales, y en el que muchos jóvenes -en estado de moratoria- encontraban un clima adecuado para explorar diferentes alternativas (profesionales, pero también académicas y personales) que podían facilitar los procesos madurativos.

No ha estado exenta de dificultades la gestión de los PGS durante este tiempo. También aquí podemos tratar de sintetizar los principales problemas: 1) El desconocimiento de la oferta de PGS con suficiente antelación, tanto por parte de los jóvenes como de sus orientadores y, lo que es peor, por los mismos profesionales y centros que acabarían encargados de impartirlos. 2) La incertidumbre en la continuidad de la acción debido a las modalidades y condiciones de financiación que, año tras año, debía ser solicitada de nuevo. Esto ha afectado fundamentalmente a los centros no escolares. Todo ello daba lugar, inevitablemente, a 3) la precaria situación laboral de muchos profesionales a cargo de gestionar y asumir la formación en los PGS (contratos temporales, sin jornada completa, en función de las horas de docencia presenciales), y que ha generado también precariedad en las propias plantillas. Aquí, de nuevo, la situación de los centros no escolares es especialmente sangrante.

La LOCE iba a acabar con la experiencia de una década de PGS sustituyéndolos por una nueva figura, los Programas de Iniciación Profesional (PIP). Estos iban a resolver algunas de las carencias de aquéllos (posibilidad de obtener la titulación GESO, acreditación de las competencias profesionales adquiridas durante el curso); pero al alto precio de volver a encerrarse en las escuelas, de fijar unas enseñanzas comunes excesivamente rígidas, de ampliar el número de asignaturas y, consiguientemente, también el número de profesores. En definitiva, iban a resultar una opción más atractiva, pero dirigida a un público diferente al que ha estado poblando muchos PGS durante todos estos años, una población en mejores condiciones educativas.

La moratoria evita esta falsa sustitución y la extinción de una experiencia tan buena. Es buen momento, pues, para que alguien decida adentrarse y explorar la experiencia de los PGS, aprender de sus virtudes para consolidarlas y extenderlas, y observar también sus errores para reducirlos y eliminarlos. Tiempo para debatir la aportación educativa de esta medida. Tiempo para asumir un compromiso educativo con los jóvenes desterrados de la escuela pero que mantienen intacto su derecho a la educación: tras cursar la educación obligatoria, siguen sin ver satisfecho ese derecho mínimamente. A esta tarea se dedicaron quince días antes de las elecciones más de 200 profesionales de la formación para el empleo de jóvenes de garantía social, talleres de formación e inserción laboral, escuelas taller...; y sus conclusiones fueron contundentes: Hay que sacar a los PGS del limbo en que se encuentran, para otorgarles el espacio que durante esta década se han ganado en la educación.

Fernando Marhuenda es Profesor de Didàctica i Organització Escolar Universitat de València. Fernando.Marhuenda@uv.es