Los vendedores de coches, contra la vuelta a las matrículas autonómicas

Los fabricantes, concesionarios y reparadores de coches se oponen a la propuesta de identificar las matrículas de los coches con la comunidad autónoma de origen, tal como ha pedido CiU y sobre la que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha anunciado que estudiará. El actual sistema, implantado en septiembre de 2001 por el Gobierno del PP, lleva únicamente la señalización de la Unión Europea. España es uno de los pocos países de la UE que no identifica las matrículas con el lugar de origen, lo que representa una reclamación legítima por parte de muchas comunidades.

Juan Antonio Sánchez, presidente de Ganvam, asociación que aglutina a 1.100 empresas de vendedores, reparadores y recambios, fue ayer tajante: "Es un disparate que tiraría por tierra los esfuerzos y logros de muchos años en el mercado de segunda mano que en 2003 logró unas ventas de 1.211.000 unidades".

Sánchez no quiso entrar en valoraciones políticas, pero aseguró que "económicamente será un duro golpe para el sector de segunda mano, ya que los consumidores de unas zonas de España rechazan las matrículas de otras zonas". A su juicio, "sería como volver a mercados estancos y romper la unidad que tan bien ha funcionado en los últimos años". Según Ganvam, por cada 10 coches nuevos vendidos, se venden ocho de segunda mano.

Luis Valero, director general de la asociación de fabricantes Anfac, calificó la propuesta de "desafortunada" y dijo que perjudicará sensiblemente el mercado de ocasión, ya que "el valor de un coche está muy marcado por el origen de la matrícula y eso va en perjuicio también de los consumidores". Aparte de los condicionantes políticos, también influyen las condiciones climáticas, ya que los coches que proceden de zonas costeras tienen más desgaste que los de la meseta por el efecto marítimo.

Tanto Ganvam como Anfac consideran que el comprador de un coche de segunda mano por supuesto debe tener todos los datos identificativos y técnicos, pero la matrícula por provincias distorsiona el mercado. En la polémica también terció RACE, que señaló que el sistema que rige desde 2001 "es adecuado".