El TSJ critica a Fabra por tratar de desprestigiar a la juez que paralizó las obras del aeropuerto de Castellón

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitió ayer un comunicado en el que critica al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, quien el lunes anunció la posibilidad de recusar a la titular del juzgado número 4 de Castellón, que ha paralizado las obras del futuro aeropuerto. Fabra dijo que estaba "investigando" la posible relación de "familiares directos suyos" con los terrenos sobre los que se ha producido la paralización cautelar, debido al incumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En el escrito, el tribunal verifica que la juez "no es propietaria, ni su familia tampoco, de tierras afectadas por las obras". Así, considera "sorprendente" el "ataque" de Fabra, que también califica de "injusto", "parcial" y "sin base alguna".

El comunicado del TSJ informa de que la decisión de paralizar las obras ha sido adoptada "observando escrupulosamente las leyes y los procedimientos judiciales establecidos" y señala que el auto "está basado en el texto literal de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental". Además, revela que la propia Consejería de Territorio y Vivienda "manifestó por escrito que la empresa que llevaba a cabo estos trabajos no tenía autorización administrativa para realizarlos". Esta versión choca con la expresada por el representante de la sociedad pública Aerocas (participada por la Diputación de Castellón y por la Generalitat), que aseguró tener un acuerdo "medio verbal" con el departamento que dirige Rafael Blasco. La declaración de impacto prohíbe la ejecución de obras entre el 25 de marzo y el 15 de septiembre para preservar el período de nidificación del aguilucho cenizo, una especie protegida.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista en la Diputación de Castellón, Enrique Navarro, afirmó ayer estar de acuerdo con la paralización de la obra ya que, según dijo, "lo único que hace es cumplir con lo que marca la ley". Navarro mostró su temor ante los posibles problemas de financiación con los que se pueda encontrar la UTE concesionaria de la construcción y explotación del aeropuerto, formada por FCC, Lubasa y PGP, y la posibilidad de que se rescinda el contrato de adjudicación de forma unilateral, tal como permite el contrato. El socialista recordó que todavía no se ha formalizado la entrada de la CAM y de Bancaja en el proyecto, pese a que se contaba con que las cajas se harían cargo del 30% de los 140 millones de euros del coste total. Si las cajas no entran, la Generalitat debería hacerse cargo de ese 30%, tal como aseguró Fabra. Sin embargo, Navarro expuso sus dudas de que la Administración autonómica se haga cargo de esta parte de la financiación.