Los contratistas piden facilidades para optar a la concesión de la primera carretera de peaje en sombra

La inversión de 450 millones de euros que exige la ampliación y futura conservación de la carretera de Ademuz hasta la Losa del Obispo, la primera concesión pública de una obra que se financiará a través del peaje en la sombra, resulta excesiva para los contratistas valencianos de obra pública, que ayer solicitaron a la Generalitat que segmente la concesión. Juan Cámara, presidente de Fecoval (Federación de Contratistas de la Comunidad Valenciana), defendió la necesidad de reducir la inversión inicial para dar cabida a empresas valencianas en la pugna por la concesión. Después de una comida con el consejero de Infraestructuras y su equipo, Cámara explicó que "la estructura económica valenciana debe sustentarse sobre una osamenta empresarial" a la que es necesario suministrar "calcio". Una metáfora para subrayar que pocas empresas valencianas están en condiciones de invertir 450 millones de euros en la ampliación de la carretera de Ademuz para recuperarlos a través del canon que la Generalitat tiene previsto pagar por cada vehículo que transite por la vía.

José Ramón García Antón, consejero del ramo, sentado junto al presidente de Fecoval, evitó comprometerse. Recordó que varias empresas valencianas estuvieron a punto de ganar la adjudicación de la circunvalación de Alicante, que prevé obras por 445 millones de euros para amortizar mediante concesión durante un periodo de 36 años; reiteró que Fecoval agrupa empresas "pequeñas, medianas y no tan medianas"; y subrayó que "la primera empresa en licitación de obras de la Generalitat desde 1999 es valenciana", en alusión a Pavasal.

García Antón ofreció, además, un optimista panorama sobre las previsiones de inversión de la Consejería de Infraestructuras a lo largo de 2004, que elevó a 800 millones de euros.

Tanto el presidente de Fecoval como el consejero de Infraestructuras deslizaron su posición de "alerta" ante las decisiones del nuevo Gobierno central en torno a las obras del tren de alta velocidad entre Madrid y la Comunidad Valenciana. Cámara se escudó en los cien días de cortesía para evitar pronunciarse, pero García Antón señaló que la paralización de varias mesas de contratación de tramos de vía transforma la alerta en alarma.