En busca de presencia electoral

En las cuatro décadas de existencia de ETA no hay precedente de un año sin atentados mortales, salvo la tregua declarada en 1998 tras el acuerdo de Lizarra. La eficacia policial ha logrado este resultado nulo de la banda mientras la presión judicial tiene a Batasuna contra las cuerdas. En esta situación límite se presentan las elecciones autonómicas, previstas para 2005, ante las que ETA perderá su representación política si no adopta la decisión estratégica de abandonar la violencia.

A pesar del año de inactividad de ETA, que se interpreta en clave de debilidad interna, el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, no cesa de lanzar mensajes reclamando a las fuerzas nacionalistas un acuerdo de unidad para negociar con el Estado español un nuevo marco jurídico para Euskadi, en un momento en que el partido socialista ha iniciado el proceso para la reforma de los estatutos de autonomía. Y no sólo Otegi afirma que se ha entrado "en la fase decisiva" del proceso. ETA tampoco deja de enviar comunicados. El último de ellos, el pasado domingo, proclamaba su "voluntad total" de pactar una solución basada en la autodeterminación, por lo que advertía al PNV de que no sucumbiese a la tentación de pactar sólo una reforma del Estatuto de Gernika. "Demos una respuesta adecuada a esta oportunidad que se nos presenta o se volverá a desperdiciar", advertía la banda.

Si la unidad nacionalista lograse la participación de Batasuna podría ser la base para un acuerdo

Batasuna ha probado con HZ si podía sortear la Ley de Partidos para estar en las autonómicas

Han llegado los malos tiempos, tiempos de debilidad, pero ETA no ha cambiado su discurso. Tampoco Batasuna parece, con su actitud, renunciar a liderar ideológicamente el nacionalismo e impone su diseño de la fórmula negociadora y los límites de una solución. Sin embargo, pese a estos duros mensajes de firmeza, es precisamente la izquierda abertzale la que se encuentra, atrapada en su propia contradicción, en un momento decisivo para su supervivencia.

La ilegalización de Batasuna, junto a la eficacia policial, que ha puesto en jaque a los militantes de la banda en Francia y España, han colocado a la dirección de ETA ante su decisión clave: la de tener que renunciar a la estrategia político-militar en favor de la exclusivamente política si quiere que la hoy ilegalizada Batasuna pueda concurrir de alguna forma a las autonómicas, previstas en principio para 2005, y seguir teniendo representación en el Parlamento vasco, único reducto donde se mantiene aún como grupo político.

Los dirigentes de Batasuna han podido comprobar esta semana con la anulación judicial de Herritarren Zerrenda (HZ) que, si no hacen previamente una renuncia expresa de la violencia, sus posibilidades de concurrir a los comicios autonómicos son nulas. HZ ha sido el experimento con el que ponían a prueba si una selección de personas con el currículo limpio -"sin pasado político"- les serviría para sortear la Ley de Partidos y poder en su momento mantenerse en los escaños de Vitoria, tras su forzada salida de los ayuntamientos y las Juntas Generales (parlamentos provinciales). Pero HZ no podrá ya ser el precedente en el que Batasuna se hubiese escudado para participar en las autonómicas.

Ante esta disyuntiva, los observadores del mundo radical se preguntan hasta qué punto está ETA dispuesta a renunciar a ser la vanguardia y abandonar la lucha armada para posibilitar así la creación de un nuevo partido que agrupe lo que queda de la izquierda abertzale. "El problema consiste en que una decisión estratégica por parte de ETA como la renuncia a la violencia en favor de la acción exclusivamente política requiere un acuerdo que esté sustanciado en la garantía de un cambio estratégico desde el nacionalismo moderado", explica una fuente abertzale.

ETA necesita un acuerdo, un compromiso, antes de las autonómicas. De ahí los mensajes machacones, en declaraciones y comunicados, tanto de la banda como de Batasuna, que insisten en reclamar al nacionalismo moderado que abandone el camino de la reforma estatutaria en favor de la autodeterminación.

Otros medios del entorno abertzale no descartan que si el nacionalismo moderado promoviese conjuntamente alguna fórmula, hoy por hoy desconocida, para la participación de la izquierda abertzale en las autonómicas sería un acuerdo suficiente para que la banda terminase delegando el liderazgo del movimiento en su fuerza política.

Desde que se firmó el acuerdo de Lizarra, ETA renunció al modelo negociador de Argel en el que la banda era la protagonista de la solución política que pusiese fin a la violencia y delegó en la unidad de las fuerzas nacionalistas la búsqueda de un acuerdo. Ahora necesita como el agua que esté legalizado un partido político, que exprese sus intereses en un Parlamento donde el plan Ibarretxe, cuyo preámbulo soberanista la izquierda abertzale lo considera casi doctrina propia, puede convertirse finalmente en el punto de encuentro.

En la insistente ofensiva reclamando la unidad nacionalista late también el temor a un PNV dirigido por Josu Jon Imaz y no por el delfín de Arzalluz, Joseba Egibar, su permanente interlocutor. Y, confirmada la anulación de HZ, insisten en exigir una respuesta conjunta "con visión de Estado", como afirmó un editorial del diario Gara. "No cabe pretender que la resolución del conflicto pueda darse sin la participación activa de la izquierda abertzale", añadía el texto.

Con este panorama, la dirección etarra, de la que depende la decisión de declarar una tregua definitiva, se encuentra dividida en las dos corrientes tradicionales, aunque es evidente que es minoritaria la favorable a renunciar a la violencia. El documento vigente tras su último debate interno data de 2002 e insiste en la utilidad de la lucha armada.

En el comité político de ETA figuran dos personas con carisma: Mikel Antza, último interlocutor de ETA con el Gobierno del PP, y Josu Ternera, ex número uno, ex preso y parlamentario vasco antes de volver a la clandestinidad. Hasta ahora, ninguno de los más veteranos ha tenido la valentía de asumir la responsabilidad de clausurar la sigla.