Un problema de medio millón de inmigrantes irregulares al año

Cada año entran irregularmente en Europa medio millón de inmigrantes, según el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias. Para hacer frente a ese flujo, que se incrementa año tras año, tanto la UE en conjunto como varios de sus países miembros han endurecido las políticas de inmigración y asilo.

España, donde residen unos 800.000 sin papeles, se convirtió el año pasado en el primer destino de los inmigrantes llegados a la UE: casi uno de cada cuatro (el 22,9%) se instaló en el país, según la oficina de Estadística de la Unión, Eurostat.Por eso, las resoluciones que adopte el Parlamento Europeo en este asunto durante la próxima legislatura afectarán a España de manera fundamental.

Numerosos informes afirman que la UE necesitará 650.000 inmigrantes anuales durante las próximas dos décadas. Pero, dado que los diez países que acaban de incorporarse a la Unión suministrarán 250.000 cada año, la demanda queda reducida a 400.000.

Hasta el momento, la opinión pública respalda el modo en que la Comisión Europea ha abordado la inmigración. El 56% de los europeos reconoce que los extranjeros son necesarios en ciertos sectores económicos, y el 66% desea para ellos los mismos derechos que disfrutan los ciudadanos comunitarios. Pero, al mismo tiempo, una aplastante mayoría, el 80%, es partidaria de reforzar los controles fronterizos, según el Eurobarómetro de marzo.

A pesar de esta sintonía global con las instituciones, la política de Justicia e Interior de la UE avanza lentamente. Los motivos pueden hallarse en la letra pequeña del mencionado Eurobarómetro. Mientras el 86% de los españoles son partidarios de otorgar a los inmigrantes los mismos derechos que les asisten a ellos, sólo el 50% de los alemanes respaldan esa opinión. De ahí que sea el Gobierno alemán el que pone más obstáculos cuando el Consejo Europeo intenta adoptar normas comunes de asilo o establecer el estatuto de inmigrante de larga duración.

Cuatro iniciativas abordadas el año pasado hacen pensar que la política europea deriva hacia el cierre de fronteras: la directiva de asilo, la de reagrupación familiar, la agencia de control de fronteras y los acuerdos con otros países para repatriar a los sin papeles.

La primera es la más llamativa, pues pretende rechazar sistemáticamente a los demandantes de asilo que procedan o hayan transitado por países considerados "seguros". La lista definitiva de esos países aún no ha sido confeccionada, pero se baraja la posibilidad de incluir en ella a todos los firmantes de la Convención de Ginebra.

La reagrupación familiar sólo abarcará a las parejas de hecho reconocidas por el país receptor. La agencia de control de fronteras coordinará y financiará con 30 millones de euros los vuelos conjuntos para expulsar a sin papeles. En cuanto a los acuerdos internacionales de repatriación, hasta el momento sólo han sido firmados con Hong Kong, Sri Lanka, Macao y Albania, aunque se negocian otros. A todo esto hay que añadir la discutida exigencia de visados con datos biométricos (huellas dactilares y características físicas) para entrar en la UE.

El Gobierno del PP participó en algunas repatriaciones conjuntas a países del Este y en la denominada Operación Ulises: barcos y fuerzas de seguridad de cinco países patrullaron durante ocho días el Mediterráneo occidental para interceptar embarcaciones cargadas de inmigrantes irregulares. El despliegue costó un millón de euros y terminó en fracaso.