Interior ultima la creación de una brigada para expulsar inmigrantes
La repatriación de un ciudadano chino cuesta 6.750 euros
El Ministerio del Interior ultima la creación de una Brigada Central de Expulsiones, que se encargará de la repatriación de los inmigrantes sin papeles. El nuevo organismo dependerá probablemente de la Comisaría General de Extranjería y Documentación y tendrá su sede central en Madrid. Además, contará con "secciones" en las provincias con mayor presencia de extranjeros en situación irregular, como Canarias y Barcelona. Hasta ahora, las expulsiones son efectuadas por las Unidades de Intervención Policial (UIP).
Las expulsiones de extranjeros indocumentados exigen un gran despliegue de recursos materiales y humanos. Respecto a los primeros, el presupuesto previsto para este año alcanza 18.607.620 euros, tres millones más que el destinado a esta tarea en 2003. Los datos oficiales apuntan que la repatriación de un ciudadano chino, por ejemplo, cuesta 6.750 euros, mientras que repatriar a un ecuatoriano sale por 3.834 euros (véase gráfico).
Los policías deben reunir un grupo lo bastante amplio de sin papeles para que el precio del transporte no se dispare, contratar aviones a compañías privadas, establecer los contactos con las fuerzas del orden que se harán cargo de ellos en su país de origen, acordar las escalas que deban realizar los aparatos en otros Estados y escoltar a los sin papeles durante la travesía. A este último cometido están siendo destinados dos policías por cada inmigrante.
La Brigada Central de Expulsiones, cuya puesta en marcha ha sido calificada de "prioridad importante" por un portavoz de Interior, asumirá todas estas tareas: coordinará los criterios que rigen las expulsiones, organizará los viajes de retorno de los inmigrantes, tramitará los permisos de tránsito aeroportuario, controlará las comunicaciones, la logística y la seguridad de los vuelos y escoltará a los repatriados. Las autoridades todavía no han cerrado el número de policías que integrarán el nuevo organismo.
La idea, que fue anunciada por el ministro del Interior, José Antonio Alonso, en el Congreso de los Diputados, no es nueva. El Gobierno anterior ya exploró la creación de un organismo similar. Incluso valoró la posibilidad de adquirir en Estados Unidos un avión diseñado especialmente para esta tarea. El aparato contaba con un área de pasajeros aislada por rejas y los asientos estaban provistos de arneses para inmovilizar a los extranjeros. Esos arneses sólo podían abrirse desde un ordenador situado fuera de la zona de pasaje y controlado por la policía. Finalmente, la compra fue descartada por "demasiado cara".
Los expertos implicados en la tarea valoran positivamente el trabajo desarrollado hasta el momento por la Jefatura Superior de Policía de Canarias. En el año 2002, cuando se duplicó la llegada de pateras a las islas, el jefe superior, Javier Ballesteros, creó un grupo multidisciplinar, formado por 25 hombres, dedicado exclusivamente a estas tareas. En principio, se trataba de una solución temporal para afrontar el fenómeno. Pero, dado que la llegada de embarcaciones cargadas de inmigrantes no ha remitido, el grupo ha seguido funcionando, con refuerzos de la Brigada de Extranjería de las islas y por miembros de la Décima UIP.
Precisamente en la madrugada del lunes fue interceptada una patera con 33 inmigrantes africanos y un patrón a bordo cuando se aproximaba a la isla canaria de Fuerteventura, a unas 4 millas del Faro de La Entallada, del municipio de Tuineje, informa Efe. Efectivos de la Guardia Civil se percataron inicialmente de la presencia en el mar de los inmigrantes sobre las dos de la mañana, cuando "los sistemas de vigilancia de detectaron una patera aproximándose a la costa de Fuerteventura", según un comunicado difundido por de la Comandancia del instituto armado de Las Palmas. Los inmigrantes eran todos hombres adultos, 32 de origen subsahariano y uno magrebí. El patrón es de nacionalidad marroquí.
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