La educación, una cuestión de Estado

Es bien conocida la postura de CC OO, tanto en Andalucía como a nivel estatal, sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo global en la Enseñanza. Una alianza política y social que otorgue al fin la estabilidad que requiere nuestro sistema educativo en sus aspectos pedagógico, laboral y financiero. Los docentes y sus alumnos continúan siendo las principales víctimas del desbarajuste de reformas educativas de mira estrecha y escasa financiación. Son los pacientes a los que se pueden aplicar todo tipo de experimentos ideológicos. Nuestra sociedad y, especialmente, todos ellos merecen y necesitan una clarificación duradera del sistema educativo.

La estabilidad educativa debe recibir un tratamiento exquisito: el de un verdadero asunto de Estado. Comisiones Obreras viene exigiendo reiteradamente que las pautas educativas queden al margen de los vaivenes políticos y hemos tratado de concienciar a todos los agentes implicados sobre esta necesidad social. Lo estamos divulgando desde hace tiempo en numerosos foros y, en sintonía con las opiniones de muchos expertos, hemos elaborado numerosos documentos y propuestas factibles, que deben ser consideradas como una base fiable. Base que podría ayudar a conformar un encuentro de partes o pacto social sobre la Educación.

El triunfo del PSOE en las recientes elecciones generales ha creado nuevas expectativas en el ámbito educativo. Contrasta con la actitud del Ministerio de Educación bajo la mayoría absoluta del PP, de las más cerradas con creces al diálogo y a la negociación, imponiendo reformas legislativas amplias y profundas, basadas únicamente en su concepción elitista y antisolidaria de la educación y plasmadas con la oposición de la mayoría de la comunidad educativa.

La imposición de la Ley de Calidad o la de Universidades nunca reunió en su contra a tantas voluntades: políticas (aprobadas en solitario por el PP en el Parlamento), sociales (asociaciones de padres y alumnos, movimientos pedagógicos de todo tipo, foros educativos), sindicales (oposición de más del 70% de los sindicatos) e institucionales (Consejo de Universidades, Conferencias de Rectores). Esta oposición debe obligar a revisarlas de manera que se ajusten a nuestra realidad social y a las verdaderas necesidades del sistema educativo, en lugar de reflejar la perspectiva única del partido que gobierne.

La propuesta de Pacto de Estado por la Educación de CC OO pretende aunar el esfuerzo de todos porque creemos que la colaboración colectiva es la mejor herramienta para afrontar los retos que se presentan: la mejora de la financiación educativa; la erradicación de las desigualdades educativas y la atención a las personas y sectores más desfavorecidos tanto a nivel estructural -mediante la dotación de recursos- como a nivel pedagógico; el respeto y la valoración adecuada de las diferencias territoriales, culturales o sociales; la mejora y adecuación de los centros educativos, reforzando sus infraestructuras y mejorando su gestión y autonomía; la apuesta decidida por las nuevas tecnologías y las mejoras laborales para los trabajadores y trabajadoras del sector. Para ello hay que ofrecer soluciones prontas y duraderas.

Abogamos por un sistema educativo y unas dotaciones presupuestarias que nos igualen en calidad al conjunto de países europeos más avanzados. Este sistema debe dotarse, en el marco de la solidaridad y desde nuestra variedad cultural y territorial, de unos parámetros que garanticen una oferta, calidad educativas y servicios semejantes en todas las comunidades autónomas.

Defendemos la regulación y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. Existen aún aspectos básicos pendientes, que el Gobierno debe abordar de manera que, definitivamente, se configure el Estatuto de la Función Pública Educativa (marco normativo que regule los aspectos básicos y comunes para todo el colectivo) así como un marco laboral análogo para los trabajadores de los centros privados.

Todas estas medidas educativas y laborales deben recogerse en el pacto que proponemos y que debería sentar las bases de una futura Ley de Condiciones Básicas para el ejercicio del Derecho a la Educación. Es necesario que alcancemos en esta legislatura este compromiso social. En él tienen que participar todas las instituciones políticas, educativas, sociales y sindicales así como el conjunto de la comunidad educativa, de manera que el resultado final sea fruto del mayor consenso posible.

La educación tiene que ser un edificio estable, bien cimentado, en el que sólo pueda cambiarse cada cuatro años, a lo sumo, el mobiliario. Y esto ha de ser un logro conjunto a través de ese gran Pacto de Estado por la Educación que Comisiones Obreras, como primer sindicato del país, está proponiendo desde hace tiempo al poder político y a los agentes sociales y educativos.

José Campos Trujillo es secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO de Andalucía