¿Podemos seguir perdiendo el tiempo?

El impulso de nuestro sistema de I+D hasta unos niveles equiparables a los de nuestros vecinos europeos es sentido como un objetivo ineludible por la sociedad progresista e incorporado al programa electoral del PSOE como uno de sus puntos clave en el esfuerzo modernizador del país. La necesidad de tener una economía sustentada en el conocimiento para no depender de factores coyunturales, bien sea la implantación multinacional, una vía ya agotada, o en sectores con alto contenido especulativo, como el de la construcción, hace que el incremento del sistema español de I+D sea una prioridad.

El incremento de un 25% anual en la financiación de la I+D comprometido en el programa electoral del PSOE debe producir un cambio cualitativo, pero para que sea fructífero debe ser invertido evitando disfunciones y con la máxima eficiencia posible. Y, para no repetir errores, deben ser consideradas las causas del fracaso del Ministerio de Ciencia y Tecnología del PP.

Los principales problemas son tres. En primer lugar, una financiación muy por debajo de la que corresponde al potencial económico de nuestro país, tanto pública como privada. Este déficit afecta a la competitividad de nuestros grupos de investigación y al número de investigadores respecto a la población activa, muy por debajo de la media de la UE. Frente a esta situación, los aumentos en la inversión deberían contribuir a mejorar la financiación de los grupos más productivos, al incremento del personal investigador -con todas las garantías en cuanto a su selección y equipamiento- y al fomento de la inversión en I+D por parte de las empresas.

Para poder absorber los incrementos de fondos es imprescindible crear nuevos centros con científicos de nueva incorporación, junto con otros más experimentados. Para ello, es necesaria una reestructuración en la forma de financiación mediante la creación de la Agencia Nacional de Financiación de la I+D que agrupe la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, y los restos de la antigua Secretaría General del Plan Nacional de I+D, cuya gestión es manifiestamente mejorable después de tantos años sin directrices de política científica claras.

En segundo lugar, los mecanismos de funcionamiento y gestión del sector público de I+D son inadecuados e insuficientes, y de manera especial los de los Organismos Públicos de Investigación (OPI). Es positivo el hecho de que gran parte de los OPI se hayan reagrupado de nuevo en el Ministerio de Educación y Ciencia, lo que permitirá una mejor relación funcional con las universidades, y es esperable que la I+D reciba una atención política preferente, teniendo en cuenta que más del 90% de los funcionarios de este ministerio se dedican a estas tareas.

No obstante, hay que abordar con urgencia aspectos como la coordinación de los OPI -que ha de hacerse necesariamente alrededor del más grande de ellos, el CSIC-, lo que implicará, además de una coordinación científica, una equiparación funcionarial. Sin esta equiparación resultará casi imposible la movilidad entre instituciones, fundamental para la creación de equipos capaces de llevar a cabo proyectos conjuntos, primer paso para crear una gran institución de I+D. Todo esto requiere una flexibilidad administrativa inexistente. De hecho, si no se ejerce una acción enérgica en este sentido, al menos el CSIC dejará de ser funcional para la ciencia competitiva en un plazo máximo de dos años.

El encorsetamiento de la administración de los proyectos de I+D es una realidad asfixiante para los investigadores. El cumplimiento de la ley no puede estar reñido con la flexibilidad en la gestión, y hay gestores con experiencia capaces de llevar a cabo esta "revolución" imprescindible. La incorporación de personal investigador contratado con garantías de calidad equivalentes a las de los funcionarios sólo será posible con nuevos mecanismos de gestión.

En tercer lugar, nuestro sector productivo está constituido por empresas pequeñas y medianas con una capacidad investigadora muy baja y escasa confianza en el sector público de I+D, lo que se refleja en la balanza de pagos tecnológica más desfavorable de la UE. Por su parte, el sector público de I+D actualmente existente podría tener una mayor repercusión en la capacidad innovadora y productividad del sector empresarial, tanto por su magnitud en valores absolutos como por su calidad y productividad científica. Sin embargo, la transferencia de conocimientos desde el sistema público a las empresas no está suficientemente incentivada ni existen las políticas adecuadas para su fomento. Se requieren programas de aproximación eficaces y el apoyo económico a la investigación cooperativa entre la universidad y los OPI, especialmente con las pymes con escasa capacidad investigadora. Sin olvidar otras medidas como el estímulo de iniciativas empresariales por parte de jóvenes investigadores, con excelente formación pero con pocas posibilidades de hallar plazas en los centros públicos.

También se precisa una mejor utilización de las plataformas internacionales (OCDE, ESF, etcétera). No sólo como caja de resonancia de los incrementos de inversión, sino para aumentar la presencia de nuestros investigadores en esos foros a través de comisiones de asesoramiento que comparten miembros con las de la UE y tienen incidencia en los retornos de fondos europeos.

Resulta esencial el acierto al escoger a las personas que vayan a llevar a cabo las complejas tareas planteadas. No basta la capacidad científica ni la buena voluntad de cada uno. Es necesario un plan de choque que pueda sacarnos de nuestro atraso, y una acción coordinada de los distintos componentes del sistema. Los responsables deben estar identificados con la importancia política del trabajo y tener conocimiento real del sistema. Es de esperar la aparición de los llamados "técnicos independientes" siempre dispuestos a saltar de una Administración a otra para conservar un puesto intermedio o mejorarlo. Pero la tarea exige una dedicación que sólo es posible desde el convencimiento ideológico. No hacerlo así supondrá un nuevo fracaso y la prolongación de una situación que ha dejado al sistema de I+D al borde del colapso.

Vicente Larraga es profesor de Investigación del CSIC y Milagros Candela es profesora titular de Genética de la UCM