Pensionistas por imperativo legal

En paralelo a la larga batalla por la vía penal, los ex trabajadores de la extinta fábrica Fibrocementos de Levante han mantenido otra dura pugna con la Administración, en concreto con la Seguridad Social para el cobro de las pensiones por enfermedad profesional. El presidente de la asociación de afectados, Francisco Martínez, ha denunciado en reiteradas ocasiones el boicoteo de la Seguridad Social a la hora de reconocer las pensiones a estos ex operarios. "El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) nos niega sistemáticamente el pago de las pensiones por enfermedar profesional, pese a los informes médicos favorables", dice Martínez. "Ello nos ha obligado a tener que acudir a los tribunales de lo Social a reclamar nuetros derechos", añade. El portavoz de los afectados asegura que en los últimos años más de una decena de ex operarios han obtenido el derecho al cobro de su pensión por imperativo legal. Martínez ha llegado responsabilizar directamente al anterior Gobierno de "boicoteo" del INSS a la hora reconocerles la pensión y anunció que trasladará todo el expediente del caso amianto al nuevo fiscal general del Estado para que abra una investigación.

Martínez, y otros cinco ex operarios más, también lograron arrancar por la vía jurídica un recargo del 30% en su pensión por invalidez permanente. Esta situación fue reconocida por el Tribunal Supremo que confirmó una sentencia en ese sentido del Tribunal superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

La sentencia del TSJ, ratificada más tarde por el Supremo, recogía que la empresa incumplió la normativa en materia de seguridad, salubridad e higiene en el trabajo. Martínez destaca este extremo de la sentencia como un "excelente" punto de partida para la segunda parte de su batalla jurídica de este grupo de ex trabajadores contra la dirección de la empresa Fibrocementos de Levante.