Los cursos admiten cambios a última hora

Hasta ahora, las empresas que querían beneficiarse de una subvención para formar a sus empleados debían comunicar el nombre de cada uno de ellos 15 días antes de que empezara el curso. Esta situación, que supone un coste para la compañía incluso cuando el cambio de participantes es por una razón de fuerza mayor, está a punto de cambiar.

El nuevo modelo pretende que las grandes firmas financien en parte las acciones de las pequeñas y medianas

Los empresarios podrán comunicar cambios en la lista de empleados que participan en un curso de formación hasta el día anterior a que éste empiece sin perder por ello la bonificación a la que tienen derecho, como viene sucediendo hasta ahora. Esta novedad legislativa fue anunciada por Pablo Cobo, director general de Planificación y Asistencia Técnico-Jurídica de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, integrada por la Administración del Estado, patronales y sindicatos mayoritarios. Fue en el transcurso del reciente encuentro Últimas tendencias en formación, organizado en Madrid por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), ante unos 400 empresarios y responsables de formación de distintas empresas.

El cambio, que responde a una larga queja de buena parte de los empresarios españoles, hará posible también que los trabajadores reciban formación subvencionada desde el primer día de su incorporación al puesto de trabajo, que suele ser cuando más la requieren. "Es una de las razones por las que se lleva a cabo este cambio", resaltó Pablo Cobo, quien explicó que esto queda reflejado "con claridad en la exposición de motivos del nuevo texto legal".

El responsable de la Fundación Tripartita explicó también que el plazo de 15 días establecido respondía al interés de la Inspección de Trabajo, que "exigió conocer con dos semanas de antelación todos los datos exactos de cada acción formativa, sin dar opciones de modificación a partir de ese plazo" como una forma de dificultar el fraude en este tipo de ayudas. Cobos enmarca la inminente reforma en el conjunto de medidas de choque, en vigor desde el 1 de enero de este año, destinadas a transformar por completo el sistema de formación continua español.

"Venimos de una situación perversa, completamente viciada, y estamos iniciando la salida de un sistema muy anticuado", comentó el alto responsable de la Fundación Tripartita.

Casi mil millones de euros

Para demostrar esta afirmación, Cobo expuso algunas cifras. Así, el presupuesto de la Administración para formación de los empleados alcanza en 2004 la cantidad de 966,6 millones de euros. En cambio, las peticiones de subvención realizadas por las empresas para este capítulo, formuladas a lo largo de 2003, extraordinariamente superiores, ascienden en total "a unos cinco billones de las antiguas pesetas", relató.

Según sus datos, las peticiones de formación del último ejercicio abarcan "a un total de 50 millones de trabajadores", mucho más allá de los 13,2 millones de cotizantes a la Seguridad Social, dado que hay empresas que solicitan más de una acción formativa por trabajador. "Todo esto se ha acabado a partir de este año con el nuevo marco jurídico sobre formación", sentenció Cobo, quien recordó que en estos momentos se está a la espera del desarrollo reglamentario de las tres nuevas leyes que darán al empresariado "libertad para organizar su formación en el seno del nuevo modelo de gestión, más ágil, sencillo y transparente", en el que no caben desajustes tan enormes como en el anterior. El nuevo modelo permite a las compañías optar por tres modalidades formativas: las organizadas por sus propios medios, las contratadas a centros o instituciones especializadas, y las realizadas mediante acuerdos con otras firmas para llevar a cabo cursos conjuntos.

Los porcentajes de bonificación a los que tienen derecho las empresas para formación varían en función de su tamaño. El criterio del nuevo modelo es que las grandes firmas financien parcialmente a las acciones formativas de pequeñas y medianas. Así, las compañías que tienen una plantilla de entre seis y nueve trabajadores reciben una bonificación de la Administración equivalente al 90% de los costos formativos; las de entre 10 y 49 empleados reciben el 65%; las que tienen entre 50 y 249 empleados, el 52,5%, y las que cuentan con más de 250 nóminas, el 42,5%. El resto de los costes se reparte entre la aportación privada obligatoria recogida en la legislación, también en función del tamaño de las empresas, y los fondos europeos.

Para Javier Cantera, presidente del grupo de consultoría BLC, el nuevo sistema de financiación, que combina créditos y bonificaciones, "adolece de incentivos a la calidad formativa y le falta poner el foco en las medidas que permitan verificar la tasa de transferencia, es decir, los resultados prácticos de las acciones de formación llevadas a cabo".