La izquierda mexicana denuncia una campaña de acoso a su líder

"Quieren desaforarlo, destituirlo y meterlo a la cárcel para inhabilitarlo como eventual candidato presidencial en las elecciones de 2006 e impedir que la izquierda llegue al poder". El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), izquierda, Leonel Godoy, se refiere a Andrés Manuel López Obrador, miembro de su partido, primero en las encuestas previas a las generales de ese año.

La Procuraduría General (PGR, Fiscalía General), que depende del Gobierno federal, pidió al Congreso el desafuero de López, jefe de gobierno (alcalde) del Distrito Federal, la capital mexicana, segundo puesto más importante del país después de la presidencia de la República, por abuso de autoridad y desacato judicial hace tres años en un pleito sobre la expropiación de un terreno. Su procesamiento podría acarrearle antecedentes penales y su inhabilitación como eventual candidato.

"La decisión [de la PGR] pone en riesgo la transición democrática y estabilidad de México por la falta de vocación democrática de la derecha", declaró Godoy, abogado penalista, en un encuentro con corresponsales extranjeros, en referencia al gubernamental Partido Acción Nacional (PAN) y al Ejecutivo, concretamente al secretario (ministro) de Gobernación, Santiago Creel, también eventual aspirante a la candidatura presidencial.

Nuevamente, pugnas político-judiciales de trasfondo electoralista detienen la discusión parlamentaria sobre la modernización del país. El PRD, tercer partido, evalúa ventilar el caso en la Organización de Estados Americanos.

"El Gobierno de Vicente Fox niega una confabulación contra el populista regidor, tres de cuyos colaboradores fueron filmados, en marzo, en actos de corrupción con el empresario Carlos Ahumada o jugando en un casino de Las Vegas con fondos públicos. López Obrador cayó en las encuestas porque resultó que el abanderado de la decencia se había rodeado de corruptos y no supo o no quiso desembarazarse de ellos. De todas formas, sigue encabezando los sondeos. Las declaraciones en Cuba del empresario que filmó los vídeos, afirmando que el Gobierno participó en un compló contra López, según una nota oficial de La Habana, casi llevan a la ruptura diplomática.

El Gobierno y la Fiscalía General, según agregó Godoy, vuelven a la carga al no obtener con el videoescándalo los efectos deseados. "Pero inhabilitar a un aspirante nuestro que encabeza las encuestas y sacarlo así de la contienda electoral, porque estaría impedido legalmente para registrarse, puede generar consecuencias", advirtió. El presidente del PRD subrayó: "Lucharemos con la Constitución en la mano [pero] quieren que saquemos a la gente a la calle, con plantones, marchas y bloqueos, para estigmatizarnos como un partido violento y decir que tenemos un aspirante con el perfil de Hugo Chávez". Deduce que ministros y parlamentarios del PAN e incluso el ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994, Partido Revolucionario Institucional ), enemigo jurado de López Obrador, participan en la "embestida política".

Independientemente de las actuaciones contra los delitos atribuidos al alcalde y de la insistencia de unos y otros en reiterar que la ley no sabe de política, la justicia se percibe en diversos ámbitos ciudadanos como parcial. La Fiscalía del Distrito Federal arrima el ascua a la sardina del alcalde, y la Fiscalía General parece hacerlo en sentido contrario. El Supremo apoyó la petición de la PGR. El PRI, mayoría relativa en el Congreso, será fundamental. Su presidente, Roberto Madrazo, también ambiciona la candidatura presidencial de su partido. Si se une al PAN, segunda fuerza, para aprobar desafuero y juicio político contra López Obrador, la suerte de éste será incierta.

"La Procuraduría General tiene decenas de solicitudes del Poder Judicial de sentencias que no han sido acatadas por la autoridad, de casos gravísimos de corrupción", manifestó Leonel Godoy en su reunión con los corresponsales extranjeros. "Como el caso de Sergio Estrada [PAN], gobernador de Morelos, vinculado con el narcotráfico, que no ha sido llamado a declarar. Y sólo se decide contra el jefe de gobierno del Distrito Federal. Para nosotros, está claro que todo esto fue un camino [para bloquear sus aspiraciones presidenciales] que fueron recorriendo poco a poco".