El transporte terrestre cuesta 48.815 millones de euros cada año

El transporte terrestre supone un gasto de 48.815 millones de euros al año. Una media de casi 8.000 euros por catalán, entre lo que éste paga de modo directo (coche, gasolina, neumáticos, aparcamientos, multas, seguros) o indirecto (contaminación, ruido, accidentes, etcétera). Así lo establece el análisis de costes hecho por el Departamento de Política Territorial. El objetivo del informe era evaluar el impacto de la aplicación del plan director de infraestructuras 2001-2010.

El informe elaborado por una empresa consultora, por encargo del Gobierno catalán, analiza tanto el transporte de pasajeros como el de mercancías y, en el caso de los costes indirectos considera también los generados por el tráfico aéreo. No así en el resto, que tiene en cuenta únicamente los transportes terrestres.

El objetivo del estudio, que es la primera vez que se hace a escala catalana, es sopesar la incidencia de las inversiones públicas en los costes generales. De este modo, el estudio contrapone la situación del año 2001 con la que pueda darse en 2010, teniendo en cuenta dos posibilidades: que no hubiera ningún tipo de inversión por parte de la Administración y que se realicen las inversiones previstas en el plan director de infraestructuras.

El informe distingue tres tipos de costes: los internos, los externos y los debidos a la congestión. En el primer bloque se incluyen los que paga el usuario, sea privado o público, es decir, tanto el conductor del vehículo privado (seguros, gasolina, peajes, multas, aparcamientos, lubricantes) , como el operador del transporte público. Y en este caso se incluye tanto lo que aporta el viajero en forma de tarifa como los pagos realizados por las administraciones.

Los costes externos son los que acaba asumiendo la sociedad a través de la Administración y que, habitualmente, no se tienen en cuenta. Un ejemplo: la siniestralidad supone costes añadidos a lo que aportan las compañías de seguros, desde el tratamiento por la Seguridad Social hasta horas de trabajo perdidas tanto por la víctima como por los familiares. En este apartado, se considera también el gasto necesario para reparar los daños a la naturaleza, efecto de la contaminación, los ruidos e incluso los costes de reciclado, raramente incluidos en el precio del producto, o los que se asocian al cambio climático.

Los costes por congestión son los sobrecostes que se producen a consecuencia de la saturación de las vías. En el año 2001 supuso 335 millones de euros. Se incluye una evaluación de los tiempos perdidos en los atascos.

Si la Administración no realizara nuevas inversiones, el coste del transporte en 2010 ascendería a 63.112 millones de euros, de los que 6.239 serían costes externos, es decir, sufragados por todos a través del erario público. Si se realizan las obras previstas en el PDI, el coste es claramente inferior: 60.662 millones, y también los costes externos: 5.872 millones.

El informe tiene en cuenta el peso de cada forma de transporte en el conjunto de la factura colectiva. La mayor parte corresponde al coche privado, que supuso, sobre las cifras de 2001, un total de 3.170 millones de euros, lo que equivale al 66% de los costes externos totales. Le sigue en importancia el transporte de mercancías por carretera: 962 millones o el 20% del global.

Si se tiene en cuenta la totalidad del gasto, el coste del vehículo privado supone el 46% y el transporte de mercancías por carretera, el 27,7%. Frente a ello, el coste del ferrocarril es de sólo el 23%, en el caso de los pasajeros, a lo que habría que añadir el 1% para las mercancías. Los accidentes y el cambio climático son los dos apartados que suponen mayor coste para el conjunto de la sociedad. La accidentalidad supone el 33% de los costes sociales y el cambio climático, el 24%. A cierta distancia queda el coste relacionado con los procesos de construcción y eliminación de los productos (tanto los vehículos como las infraestructuras) que supone el 10,6%.