La crisis de Terra Mítica agrava el enfrentamiento en el PP valenciano

La suspensión de pagos del parque temático de Benidorm Terra Mítica, el "proyecto emblemático" del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, agravó ayer la crisis interna del PP valenciano, que se extendió al ámbito institucional. Destacados partidarios de Zaplana, entre ellos el secretario regional y presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, y el presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España, que amenazó con dimitir, arremetieron contra el Consell que preside Francisco Camps.

La crisis del PP valenciano abierta a raíz del relevo de Eduardo Zaplana como presidente regional y su sustitución por Francisco Camps, presidente de la Generalitat, no se cerró hace tres semanas cuando Mariano Rajoy y Ángel Acebes fueron a Valencia para escenificar la paz tras meses de luchas internas. El PP valenciano ha vivido desde entonces un equilibrio inestable que podría romperse en cualquier momento.

La decisión del consejo de administración de Terra Mítica, el parque temático de Benidorm soñado e impulsado por Zaplana, de solicitar la suspensión de pagos con un pasivo de 218 millones de euros, no ha hecho más que reavivar el fuego, porque ha sido considerada como un ataque por el actual portavoz del PP en el Congreso, que la semana pasada ya fue noticia nacional por la querella presentada por el PSPV-PSOE contra él y Julio Iglesias por las irregularidades en los pagos por la contratación del artista como embajador valenciano.

Pero si hasta ahora las desavenencias entre zaplanistas y campistas se habían limitado al seno del partido -con algún reflejo en la relación entre el Grupo Popular de las Cortes Valencianas, donde son mayoría los partidarios del ex ministro, y el Consell que preside Camps-, la suspensión de pagos de la sociedad participada por la Generalitat extendió ayer la crisis al ámbito institucional. El presidente del Parlamento y del PP de Alicante, Julio de España, partidario de Zaplana, criticó al Consell por no hacer "lo suficiente" para evitar la suspensión de pagos y amenazó con dimitir "en el horizonte del verano de 2006" si para entonces no siente un "impulso vertebrador de la acción de gobierno hacia todos los rincones". De España reintroducía así en la crisis el viejo sentimiento de agravio de los alicantinos ante la supuesta marginación ejercida desde Valencia.

El presidente de las Cortes defendió a Zaplana: "Creo que la acción de gobierno del mejor político que ha tenido, que tiene y que tendrá la Comunidad Valenciana no puede ser borrada por personas que buscan su proyección personal olvidándose de la obligación de trabajo para la Comunidad", dijo De España, que añadió: "Le debemos todos [a Zaplana] lo que somos y debemos de procurar que su imagen sea la mejor posible". En este contexto, hizo referencia a "cargos políticos y no políticos, pero que le deben su puesto a la acción política de Eduardo Zaplana". Y precisó: "Estoy hablando de consellers, presidente de las Cortes, presidente de Gobierno e incluso presidentes de cajas de ahorro y de todos los que son responsables y corresponsables de este tema". La referencia a los presidentes de las entidades financieras tampoco era gratuita. Bancaixa, máximo accionista y también máximo acreedor de Terra Mítica, junto a la CAM, está presidida por José Luis Olivas, que fue consejero de Economía en los primeros gobiernos de Zaplana y presidió la Generalitat desde que éste fue nombrado ministro, en 2002, hasta las elecciones autonómicas de 2003.

También José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante y secretario general del PP, que hace tres semanas disputaba a Camps la presidencia del partido, consideró que la crisis de Terra Mítica "podría haber sido solucionada si hubiera habido mayor voluntad por parte de los accionistas más importantes, muy concretamente por la Generalitat y la CAM".

Pero las presiones al Consell y las cajas tienen otra lectura, más prosaica: el intento de frenar la suspensión de pagos, para evitar que todas las cuentas de Terra Mítica caigan en manos de un interventor judicial y salgan a la luz pública.