Las licencias de radio y televisión las dará el CAC y no el Gobierno

El Consejo del Audivisual de Cataluña (CAC) y no el Gobierno catalán será el que otorgue las próximas frecuencias de radio y televisión, previstas para septiembre, según el proyecto de ley que los tres partidos de izquierda presentarán esta semana en el Parlament por la vía de urgencia. Esta reforma legal se incluye en el paquete de medidas de transparencia respecto a los medios de comunicación anunciado por el conseller en cap, Josep Bargalló, tras la polémica por el informe sobre la prensa. Ayer, el Gobierno trató de desacreditar las acusaciones de CiU que imputan al subdirector de la Oficina de Comunicación de la Generalitat la autoría del denostado documento.

El Gobierno catalán tenía la pretensión inicial de incluir esta iniciativa en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2004, pero al final se aplicará mediante la modificación de la Ley del CAC, según confirmó a Efe Miquel Iceta, portavoz de los socialistas catalanes. Iceta anunció que la reforma se tramitará con carácter de urgencia a través de la ponencia parlamentaria para la reforma de las leyes audiovisuales.

"Conseguiremos así dar a todo el mundo la garantía de que no se hará como lo hemos visto durante los 23 años de gobierno de Convergència i Unió (CiU), cuando la Generalitat utilizaba esta potestad de manera discrecional para favorecer a determinadas posiciones políticas", criticó Iceta. "De esta manera no habrá una posición gubernamental, sino que será una competencia de un organismo regulador", añadió.

Con esta medida, las fuerzas del tripartito (socialistas, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya) darán cumplimiento antes del verano al deseo ya expresado por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, en la última sesión de control parlamentario, e incluso acelerarán el proceso para que afecte a las próximas concesiones de frecuencias de radio y televisión previstas para septiembre.

El proyecto de modificación de la Ley del CAC recoge cinco puntos para cambiar dos de sus artículos, así como su disposición transitoria, de tal manera que este organismo "sea competente a la hora de otorgar licencias y tenga a la vez capacidad sancionadora". El proyecto explica que el artículo 10 se modificará para que el CAC pueda "informar, con carácter preceptivo y vinculante, sobre la propuesta del pliego de condiciones formulada por el Gobierno catalán con carácter previo a la convocatoria de cada concurso de adjudicación de concesiones". La opinión del CAC también será "vinculante" a la hora de la "renovación" de estas concesiones.

En el proyecto está previsto además que, "en el supuesto de que se produzca una discrepancia entre el criterio del Gobierno catalán y el informe del CAC (..), el Ejecutivo podrá retomar el informe del Consejo del Audiovisual con una propuesta razonada que permita una solución de consenso". "El informe del CAC siempre mantendrá su carácter vinculante", se apunta en este proyecto.

Por otra parte, el Gobierno catalán recurrirá contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que considera nulo el proceso de concesión de licencias administrativas a las televisiones locales llevada a cabo por el anterior Ejecutivo de CiU en enero de 2003, que regulaba el "marco jurídico transitorio" de estas emisoras. El decreto fue recurrido y ganado judicialmente por BTV.

Proceso informático

Los tres partidos de izquierda remitieron ayer una copia de un acta notarial en la que se pretende desacreditar las imputaciones de CiU sobre la autoría del polémico informe de los medios al adjunto de la Oficina de Comunicación de la Generalitat, Antoni Batista. Esta semana, los nacionalistas también presentaron otra acta notarial en la que se da fe de que el disco en el que recibió el documento fue "manipulado, refundido o creado" por Batista. Su nombre, su dirección de correo electrónico y otros datos constan en la pestaña de propiedades de uso informático del disco.

El acta notarial de las formaciones del tripartito hace constar que el procedimiento informático consistente en descargar un documento de una página web y guardar copia en archivo o localización diferente lleva a que la persona que realiza estas operaciones aparezca como autora del citado documento sin serlo.

El portavoz de CiU, Felip Puig, respondió ayer apelando al Gobierno a "dejar de hacer el ridículo y asumir responsabilidades". "Ya basta de negar la evidencia. Este documento salió del Palau de la Generalitat y todo el mundo lo sabe", remachó.