El Gobierno elaborará en un mes el plan para hacer frente a la crisis de los astilleros

El Gobierno elaborará, en el plazo de un mes, un plan para hacer frente a la crisis de los astilleros públicos Izar, agravada con la exigencia de Bruselas para que la empresa devuelva ayudas de 308 millones de euros concedidas por el anterior Gobierno del PP. El plan, según informó el Ministerio de Economía, contendrá medidas para hacer frente a las repercusiones de la crisis en las vertientes industrial, laboral y regional. Ayer, partidos y sindicatos, a excepción del PP, atribuyeron a los Gobiernos de José María Aznar la responsabilidad de lo que sucede en los astilleros.

El primer paso para afrontar la grave crisis de los astilleros públicos lo dio ayer el Gobierno al constituir, a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, un grupo interministerial encargado de elaborar, antes de un mes, un plan que amortigüe el golpe que supone la exigencia de devolver las ayudas de 308,8 millones concedidas por el Gobierno del PP al grupo empresarial en los años 1999 y 2000.

La comisión estará presidida por el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, y en ella participarán el secretario de Estado de Defensa, Francisco Pardo; el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez; el secretario general de Industria, Joan Trullén; el director general de Fondos Estructurales, el director general de Política Económica y el secretario general de la SEPI. Todos ellos trabajarán con una triple perspectiva (industrial, laboral y regional) y teniendo en cuenta que la Comisión Europea ha dado al Gobierno español un plazo de dos meses para que informe de las medidas previstas o adoptadas para dar cumplimiento a su decisión.

Mientras el Ejecutivo da los primeros pasos para esbozar un plan que resuelva la crisis, partidos y sindicatos salieron ayer en tromba para atribuir la responsabilidad de lo sucedido a los Gobiernos de José María Aznar. El PSOE, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), IU y los sindicatos UGT y CC OO coincidieron en criticar el comportamiento de los Gobiernos populares en torno a los astilleros y a las exigencias de Bruselas.

Seis advertencias

Gráficamente, el diputado socialista Alfonso Perales, ex consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía aseguró que el Gobierno del PP dejó a su sucesor "una bomba de relojería" con el tema Izar. Según Perales, el Gobierno popular desatendió más de seis advertencias de Bruselas sobre la ilegalidad de las ayudas al grupo público. Y no sólo eso, sino que, según el diputado, el anterior Ejecutivo obstaculizó los trabajos de la Comisión Europea sobre el tema para retrasar sus decisiones hasta después de las elecciones del 14 de marzo.

Desde el BNG, su diputado Francisco Rodríguez también fue duro en las acusaciones contra el PP. En su opinión,el anterior Gobierno trabajó "para no conseguir carga de trabajo, a sabiendas de la multa que se avecinaba". El BNG, en principio admitiría recortes de plantilla en Izar (11.077 empleados) para hacer frente a la crisis, pero no el cierre de astilleros.

Izquierda Unida también acusó al anterior Ejecutivo y señaló que "las decisiones frívolas" del PP han puesto en "grave riesgo" la continuidad de los astilleros. CC OO y UGT tampoco escatimaron críticas. Ambos sindicatos destacaron la "dejadez" del Gobierno del PP, que hizo oídos sordos a sus demandas.

Desde el PP, que defiende la legalidad de las ayudas, la valoración es muy distinta. Su diputado Arsenio Fernández de Mesa acusó al Gobierno socialista de "poner en riesgo el futuro de los astilleros" y le exigió que garantice el empleo. Por su parte, el comisario de Asuntos Económicos, Joaquin Almunia, aseguró ayer que Bruselas pondrá a disposición de España un conjunto de medidas de apoyo para reestructurar los astilleros.