El Poder Judicial suspenderá al juez que amenazó a un inspector de la ITV

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) devolvió ayer a su Comisión Disciplinaria el expediente contra el juez José Manuel Raposo Fernández, de 43 años, para que formule "una nueva propuesta de resolución que contemple una sanción de suspensión en sus funciones por tiempo superior a seis meses". El CGPJ quiere castigar con más gravedad que el mero traslado forzoso propuesto a quien abusó de su condición de juez para amenazar a un inspector de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Según figura en el expediente disciplinario, el 9 de octubre de 2002 la estación de ITV de Coaña (Asturias) suspendió la inspección de un vehículo de 1975, propiedad de Raposo, juez de primera instancia e instrucción de Castropol (Asturias). Al día siguiente, Raposo remitió a la ITV, en un sobre con membrete del juzgado, documentación para solucionar el problema. Finalmente, tras sucesivos envíos de documentación y exámenes al vehículo, el 10 de enero de 2003 el viejo coche del juez superó la ITV.

Cuatro días después, Raposo concedió al inspector jefe de la ITV un plazo de cinco días para que ingresara en la cuenta bancaria del juez 18.000 euros, en concepto de daños y perjuicios. El escrito del juez Raposo atribuía "soberbia e insulto personal" al inspector y le acusaba de "arbitrariedad delictiva", por lo que le amenazaba con que, de no recibir el dinero en el plazo indicado, iniciaría "de inmediato toda suerte de reclamaciones, demandas y querellas" contra el inspector, al que avisaba: "Y estoy en condiciones de garantizarle que su vida dejará de ser algo agradable en los próximos meses e incluso años".

La Comisión Disciplinaria del CGPJ entendió que el juez Raposo cometió una falta muy grave, consistente en "el abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales". Pero de entre las posibles sanciones para esa falta -suspensión de hasta tres años, traslado forzoso o separación-, propuso la de traslado forzoso. Por amplia mayoría, el pleno del CGPJ exige que se le proponga suspensión por más de seis meses.