Pons defiende la venta a la esposa de Fabra de una masía de la Fundación Blasco de Alagón

El consejero de Cultura, Esteban González Pons, afirmó ayer en las Cortes que "no hay nada que ocultar" en relación con la venta de dos masías propiedad de la Fundación Blasco de Alagón -dependiente de la Diputación de Castellón- a María Amparo Fernández Blanes, esposa del presidente de la Corporación provincial, Carlos Fabra. El consejero respondió en las Cortes a una pregunta al respecto formulada por la diputada socialista Isabel Escudero, quien manifestó que en la operación hay indicios de corrupción y de hechos delictivos, y la invitó a acudir al juzgado.

"La respuesta es no". Así de escueta fue la contestación del consejero a la pregunta sobre si su departamento ha aprobado la operación de compra-venta decidida por la Fundación Blasco de Alagón. En la siguiente intervención Escudero explicó con ironía que de los "muchos acontecimientos" que se han registrado en los últimos tiempos en Castellón, en referencia al caso Fabra, "algunos, los menos, pueden ser producto de la casualidad", pero que la mayoría son el resultado de actuaciones de personajes a los que los populares "han paseado en andas por toda la provincia". Y preguntó al consejero si puede afirmar que la operación "ha sido limpia" y si cree que "la señora Fernández Blanes, sola o en compañía de su marido, quedó prendada de la armonía de las formas y del equilibrio minimalista del arco romano de Cabanes como consecuencia de su amor por la historia y que para disfrutar para siempre de su proximidad decidió adquirir una parcela rústica que casualmente lindaba" con las masías que había comprado la fundación. O si fue "el azar" el que determinó que "sólo diez días después" de aquella adquisición la fundación le otorgara la propiedad de las masías.

Para Escudero, la compra de las masías por parte de la esposa de Fabra a la Fundación Blasco de Alagón "no es un capítulo más de la crónica picaresca provinciana, sino una muestra paradigmática de la peor forma de corrupción, la que se refiere al incremento patrimonial de cargos públicos a partir de bienes públicos bajo su tutela". La diputada socialista señaló que la "connivencia" entre Fernández y los responsables de la fundación podría suponer "un presunto delito de venta ilegal" y "anuncia indicios de información privilegiada, incompatibilidad manifiesta y comportamiento prevaricador".

González Pons aconsejó a la diputada socialista que "vaya al juzgado", porque "no se pueden hacer imputaciones delictivas sin ir luego al fiscal". Y añadió que la Consejería de Cultura no tiene por qué aprobar una operación de una fundación privada. Según el consejero, los socialistas "están tan obsesionados con Carlos Fabra y con la familia de Carlos Fabra que ya no saben en qué sostener sus acusaciones". González Pons aseguró que la decisión se adoptó "por unanimidad" en la fundación y que "el representante socialista no votó en contra". No mintió el consejero al respecto porque lo cierto, según el PSPV, es que en la fundación no hay ningún "representante socialista".