Seis años de sospechas y de ocultación de información

Las sospechas en torno al contrato firmado por el Ivex con Julio Iglesias han planeado desde 1997 sobre el Consell del PP y han motivado numerosas iniciativas en las Cortes Valencianas, así como la intervención de la Justicia. Los grupos de la oposición empezaron a pedir explicaciones al conocer el acuerdo, en octubre de 1997. Primero reclamaron datos sobre los resultados de la participación del cantante como embajador valenciano. Pero pronto se encontraron con la opacidad que, hasta hoy, ha rodeado este caso. El Consell, que entonces presidía Eduardo Zaplana, respondía con vaguedades. Incluso anunció su intención de renovar el contrato. La insistente petición de los socialistas para que se creara una comisión de investigación -durante varios años sus portavoces lo plantearon semana tras semana, sin éxito, en la Junta de Portavoces- fue siempre rechazada gracias a la mayoría absoluta del PP. En respuesta parlamentaria, Zaplana dijo que había "contado hasta la saciedad" que el contrato del Ivex con Julio Iglesias ascendió a "375 o 372 millones de pesetas, y no hay nada más". El presidente invitó al entonces portavoz socialista, Joaquim Puig, a acudir a los tribunales, pero le advirtió: "No podrá acreditar en la vida nunca nada, porque son todo fantasías".

Paralelamente, el asunto entró en la vía judicial. Una denuncia presentada en octubre de 2001 por el diputado provincial Juan Antonio Toledo ante la Audiencia Nacional fue finalmente archivada, pero motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, entonces dirigida por Carlos Jiménez Villarejo.

Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV, recordaba el domingo que su partido lleva desde el año 1997 solicitando aclaraciones sobre "el uso dado al dinero de todos los valencianos, que nunca se han producido en sede parlamentaria". "Incluso puedo afirmar", añadió Pla, "que el señor Zaplana y otros responsables políticos han mentido reiteradas veces sobre estos asuntos".