El Colegio de Arquitectos considera que parte del PGOU de Madrid debe salir a información pública

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid reconoce en un informe el derecho de los afectados a interponer alegaciones a una parte del ámbito denominado Valdemarín-Aravaca, a pesar de haber transcurrido cinco años desde la aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid. Son 253.745 metros cuadrados en los que se está urbanizando el terreno para levantar 250 chalés. El informe indica que se redujo la edificabilidad aprobada en principio por el Ayuntamiento sin que este cambio sustancial se sometiera a información pública.

El informe del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), de febrero de 2004, concluye que se agruparon seis áreas de planeamiento específico (APE) en una figura urbanística única con parámetros diferentes a los que el Ayuntamiento madrileño había dado el visto bueno en pleno. El dictamen indica que a este suelo se le asignó un nuevo aprovechamiento medio, se le cambió la ordenanza de aplicación y se le modificaron las superficies y edificabilidades de uso lucrativo. Todo ello sin pasar el correspondiente periodo de información pública.

Un portavoz de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid reconoce que las modificaciones que se produjeron en ese sector no estuvieron expuestas para que los afectados pudieran interponer alegaciones. "Pero éste es el procedimiento habitual una vez que la Comunidad de Madrid da su aprobación a cualquier plan general. No sólo en este caso", explica el mismo portavoz.

Sin embargo, el secretario del COAM, Aurelio Pérez, autor del estudio, considera que las conclusiones son otras. "Se produjo un cambio de denominación, agrupación de APE y disminución de edificabilidad. Para nosotros se trata de una modificación puntual clara, y, por lo tanto, se debería cumplir el correspondiente periodo de información pública".

Recurso de un particular

El COAM ha hecho el informe a petición de un particular que interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación del plan en el sector, al considerar que esta actuación lesiona sus derechos.

El Consistorio madrileño dio el visto bueno a la revisión del PGOU en 1996. En él aparecía la zona que ahora está en litigio con la denominación de Área de Planeamiento Específico (APE) 09.16. Una ficha especificaba hasta el más mínimo detalle del sector: objetivos, gestión, superficies, edificabilidades y ordenación propuesta. Pero cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó definitivamente el nuevo planeamiento, en abril de 1997, aplazó dar luz verde a este área. La Comunidad consideró que la edificabilidad era muy alta y había que bajarla.

En ese momento se inician los errores en la tramitación, según el dictamen del COAM. Por un lado, aparece por primera vez la denominación Valdemarín-Aravaca, que dice el informe que "no coincide con ninguna de las figuras reflejadas en la documentación técnica del plan, por lo que implica una ambigüedad desde el origen de su definición". La zona está delimitada por la A-6, el hipódromo de la Zarzuela y la M-40 nudo del Barrial.

El Ayuntamiento se pliega a las condiciones exigidas por la Comunidad y baja la edificabilidad, pero sin ofrecer al público la posibilidad de dar su opinión sobre los cambios mediante un periodo de información pública. El ámbito aparece finalmente en el Boletín de la Comunidad con la misma superficie destinada a uso residencial: 139.809 metros cuadrados. Sin embargo, la edificabilidad disminuye de 69.905 metros cuadrados a 41.949. La edificabilidad del terreno asignado a uso terciario también se reduce y pasa de 31.786 metros cuadrados a los 23.356 actuales.

La tramitación continúa su curso habitual. La Comunidad considera subsanadas las deficiencias, y el ordenamiento urbano se publica en el Boletín de la Comunidad de Madrid el 16 de diciembre de 1998.

Para la elaboración del dictamen, el COAM ha usado la documentación oficial del Ayuntamiento de Madrid, del Gobierno regional y de los boletines oficiales correspondientes. "No se ha tenido en cuenta ninguna consideración que no tuviese referencia documental", puntualiza el Colegio de Arquitectos.