Grupos de juristas dicen que la situación de los presos vulnera la dignidad humana

El motín que se vivió el pasado viernes en la prisión de Quatre Camins se debe a la masificación de las cárceles y a la falta de alicientes para los presos, afirman diversos colectivos de juristas. Abogados, jueces, fiscales y profesores universitarios de Derecho coinciden en denunciar que la situación de las cárceles atenta contra la dignidad humana. Asimismo, reclaman una mejora en las condiciones de vida de los reclusos.

La comisión de Defensa de los Derechos de la Persona, del Colegio de Abogados de Barcelona; el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, de la Universidad de Barcelona, y la Asociación Catalana de Juristas Demócratas emitieron ayer un comunicado conjunto en el que califican las protestas de los presos de Quatre Camins como el "fruto de una necesidad de expresión y denuncia de una situación que es totalmente insostenible y que amenaza con serlo aún más en el futuro".

Las asociaciones tachan los problemas de las cárceles catalanes como "de los más graves desde que se instauró la democracia" y los atribuyen a un modelo penal cada vez más severo. Aseguran que desde la promulgación del Código Penal de 1995 las políticas penitenciarias han sido cada vez más punitivas y menos encaradas hacia la reinserción de los presos. Algunos de los ejemplos que mencionan son el aumento de la duración de las condenas, la imposibilidad de redimir penas por trabajo y la reducción "al mínimo" de los permisos de salida.

Las tres asociaciones sostienen que existe un trato preferente hacia los presos con mayor poder económico, a quienes les es más fácil obtener el tercer grado.

El comunicado denuncia "la vulneración de los derechos fundamentales de los presos" al serles dificultadas las visitas familiares y verse obligados a trabajar de manera no remunerada o con retribuciones muy inferiores al salario mínimo interprofesional.

Otras condiciones de vida en las cárceles que los juristas consideran degradantes son la masificación, la falta de actividades y la concesión "muy restrictiva" de la libertad condicional, incluso en el caso de enfermedad grave. Los citados grupos de juristas mencionan el efecto asociado que tienen estos problemas en las condiciones de trabajo de los funcionarios.

Pese a que las tres entidades lamentan los hechos de Quatre Camins, afirman que el motín ha sido el resultado de la escasa atención que la Administración ha concedido durante años a las reclamaciones de los presos, sus familiares y abogados, así como a las asociaciones de defensa de los derechos humanos.

Los juristas concluyen pidiendo una reflexión a la sociedad e instando a que encamine a la Administración Penitenciaria hacia la adopción de políticas sociales dirigidas a prevenir el delito y facilitar la integración social. Para ello creen necesaria la abolición de las últimas leyes penales del Gobierno del PP.