La juez abre juicio oral a Botín, Amusátegui y Corcóstegui por el pago de indemnizaciones

La juez Teresa Palacios dictó ayer un auto por el que abre juicio oral, dando por formuladas acusaciones por apropiación indebida y/o delito societario de administración desleal contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, el que fuera copresidente de la entidad hasta agosto de 2001, José María Amusátegui, y el ex vicepresidente Ángel Corcóstegui en relación con las indemnizaciones de 56 y 108 millones cobradas tras abandonar el banco. La juez ha pedido una fianza por ese monto. El fiscal anunció que expondrá que las bonificaciones millonarias no constituyen delito alguno.

El caso deberá ser juzgado por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, que integran los magistrados Francisco Castro Meije, Ángela Murillo Bordallo y Luis Martínez de Salinas. Mientras tanto, la juez Palacios ha requerido a los imputados fianzas que totalizan 164 millones de euros, idéntica cantidad que las bonificaciones que Amusátegui y Corcóstegui percibieron incrementados en los intereses legales correspondientes.

Así, en el plazo de 24 horas, Botín y Amusátegui deberán constituir una fianza por importe de 56.095.790 euros. Esta fianza es solidaria, es decir, que si uno de ellos no dispone de fondos, la abona el otro. En el mismo plazo, Botín y Corcóstegui, por el mismo sistema deben afrontar otra fianza de 108.182.178 euros. La magistrada apercibe con embargar los bienes y propiedades de los imputados en caso de que no presten la fianza.

Los querellantes, Rafael Pérez Escolar y Juan Francisco Franco Otegui, habían solicitado para Botín dos penas de seis años de prisión y sendas multas de 12 meses a razón de 300,506 euros (50.000 pesetas) por día por los dos delitos de apropiación indebida de los que le acusan y la inhabilitación para ejercer el cargo de administrador de cualquier entidad mercantil por el tiempo de duración de la condena. Si en lugar de apropiación indebida, el tribunal apreciara la existencia de dos delitos de administración desleal, la acusación solicitaba otras tantas penas de cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer como administrador de entidad mercantil durante el tiempo de la condena.

Para Amusátegui y Corcóste-gui la petición era de una sola pena de seis años o de cuatro años, según si se tratase de apropiación indebida o de administración desleal. La defensa, que mantiene que las retribuciones fueron perfectamente legales, dispone ahora de 10 días para oponerse a esas acusaciones.

El fiscal Jesús Caballero, que a principios de marzo volvió a solicitar el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones, también entregará su escrito de calificación en el que se opondrá a las acusaciones, por entender que los tres imputados no cometieron delito alguno en la percepción de las retribuciones mencionadas.

Consejo extraordinario

El Banco Santander convocó un consejo de administración extraordinario para tratar esta cuestión. En un comunicado de cuatro puntos, el banco subraya que los acuerdos de retribuir a Amu-sátegui y Corcóstegui fueron adoptados por el Consejo de Administración, por lo que no se entiende que se impute al presidente por una decisión tomada por unanimidad por todo el consejo "con el máximo respeto a la ley, a los estatutos y en beneficio del banco y sus accionistas".

El consejo ya señaló en marzo que "el importe de dichas retribuciones se ajusta al mercado teniendo en cuenta, además, la extraordinaria contribución y el alcance de las responsabilidades de quienes fueron copresidente y consejero delegado del banco, especialmente en el excepcional proceso posterior a la fusión de los bancos Santander y Central Hispano. El éxito de la fusión, que ha determinado la relevante posición del banco, no hubiera sido posible sin la dedicación de los señores Amusátegui y Corcóstegui".

Además, el consejo reiteró que las retribuciones se incluyeron en las cuentas del banco de los años 2001 y 2002 y aprobadas por la junta general de accionistas, y criticó que "injustamente, se quiera a aislar al presidente del banco como único responsable de los hechos que se le imputan indebidamente". Asimismo, el consejo apoya las iniciativas procesales del presidente del banco, entre ellas el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por último, ha instruido al secretario del consejo para que ponga en conocimiento "de quien corresponda" que las retribuciones no supusieron "ningún perjuicio al banco".