72 horas que pudieron 'romper' el metro

Han sido casi 72 horas de infarto. Tres días en los que la lucha por el control del metro librada por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, ambos gobernados por el PP, ha estado a punto de hacer saltar por los aires la continuidad del Consorcio Regional de Transportes. Tres días en los que los ciudadanos veían como posible una situación en la que para viajar en transporte público por la Comunidad podrían hacer falta dos clases de abono transporte y bonometro, dependiendo de quién controlase el área por el que circularan.

Tanto desde el entorno del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, como desde el de la presidenta, Esperanza Aguirre, se reconocía el martes una situación de guerra abierta. Una contienda en la que las partes han terminado fumando la pipa de la paz, pero que se ha visto plagada de órdagos a la grande como no se veían hace tiempo entre jugadores del mismo partido.

Representantes de ambas partes estuvieron negociando hasta bien entrada la madrugada

Todo comenzó el pasado lunes. Ese día, el consejero de Transportes e Infraestructuras, Francisco Granados, mantuvo una reunión con la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, en la que le comunicó la intención de Esperanza Aguirre de cambiar la composición del Consejo de Administración de Metro para hacerse con el control de la empresa.

La Comunidad insiste en que en la época en la que Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad gozaba de una fuerza de siete consejeros a su favor y cuatro a favor del Ayuntamiento. Y Aguirre quiere que esa situación se repita. Los representantes del Ayuntamiento lo niegan. Afirman que siempre ha habido un equilibrio de fuerzas de cinco consejeros por cada parte. Paralela a esa reunión se produce otra en los mismos términos, pero a más alto nivel: el vicealcalde, Manuel Cobo, discute con el vicepresidente primero regional, Ignacio González.

Una vez conocidas las intenciones de Aguirre, llega la amenaza de Ruiz-Gallardón: si la presidenta le resta representantes en el consejo de administración, el Ayuntamiento, poseedor del 75% de las acciones de Metro, sacará tanto a esta empresa como a la Empresa Municipal de Transportes (EMT), del Consorcio Regional de Transportes. El envite es de tal calibre que la cúpula de la Comunidad -la presidenta, el vicepresidente y el consejero- se reúnen para analizar cómo afrontar esta crisis.

A última hora del lunes, el consejero Granados confirma en rueda de prensa que convoca al Consejo de Administración del Consorcio de Transportes para modificar el Consejo de Administración de Metro y adecuarlo "a la nueva realidad del metro, que ha crecido dentro y fuera de la capital". También alega motivos económicos: "Las ampliaciones las financia el Gobierno regional". Granados afirma que propondrá tener nueve de los 16 consejeros y dejar cuatro al Ayuntamiento. "Quien paga, manda", dice el consejero. La reacción no se hace esperar. Al día siguiente, martes, el número dos de Gallardón, Manuel Cobo, le espeta a Granados que esa frase "se usa en los bares" e insiste en su advertencia de crear un nuevo consorcio que, bajo el nombre de Consorcio de Transportes de Madrid, asumiría la gestión del transporte público en la ciudad. Asegura que el concejal de Hacienda, Juan Bravo, ya trabaja en la posible financiación de este nuevo organismo y en un nuevo abono transportes.

El martes por la noche, pocos de los protagonistas de esta historia duermen. Ambos bandos saben que es necesario llegar a un acuerdo, porque los ciudadanos no verían con muy buenos ojos una desunión tan fuerte en el seno del PP que afectara tanto a la forma en la que se articula el transporte público en Madrid. Hasta más allá de las tres de la madrugada de ayer, se reúnen en la sede de la CEIM (la patronal madrileña) Granados, Cobo y Juan Bravo. Intentan llegar a un acuerdo, pero no lo consiguen. El Consejo de Administración del Consorcio de Transportes estaba convocado para las 12.30 de ayer.

Gallardón y Aguirre están dispuestos a echar un pulso a cara de perro. Antes de la votación vuelven a reunirse ambas partes para intentar consensuar una salida al conflicto. Bravo y Granados se encierran durante más de dos horas en un despacho. Finalmente se consigue un equilibrio de fuerzas en Metro y el nombramiento de un cargo de Aguirre para el puesto de consejero delegado.