Ruiz-Gallardón y Aguirre saldan 'in extremis' su peor crisis cambiando un nombre en Metro

En una tensa negociación de última hora y después de tres días de descalificaciones mutuas, Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre zanjaron ayer la crisis entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid que estalló el lunes a cuenta del control de Metro. La presidenta renunció a su pretensión de lograr la mayoría absoluta en el Consejo de Administración de esa empresa y restarle poder al alcalde. A cambio, consiguió que buena parte de las competencias ejecutivas, hasta ahora en manos de un cargo municipal, pasen a una persona de su confianza. Aguirre y Ruiz-Gallardón almorzaron juntos para escenificar el acuerdo.

El enfrentamiento había llegado a tal extremo en días anteriores que el alcalde amenazó con sacar a la empresa Metro -donde controla el 75% de las acciones- y a la EMT -la empresa municipal que gestiona las líneas de autobuses urbanos- del Consorcio Regional de Transportes. Eso habría roto, por primera vez desde 1985, la política de unificación de tarifas y gestión conjunta del transporte público madrileño entre Comunidad y Ayuntamiento.

Respondía así Ruiz-Gallardón al anuncio realizado por la presidenta Aguirre, que el lunes comunicó su intención de cambiar el equilibrio de poder en el consejo de administración de Metro para otorgar a la Comunidad una mayoría absoluta de nueve consejeros sobre 16, a costa de restarle representantes al Ayuntamiento y eliminar la presencia del Gobierno central. Finalmente, Esperanza Aguirre rebajó su pretensión de nueve a siete consejeros, y aceptó que uno de los dos representantes del Estado mantuviera su puesto.

Esa propuesta es la que debía debatir y votar ayer el Consorcio Regional de Transportes, que es el organismo que decide los cambios de composición en la dirección de Metro. Pero no hizo falta debate: en una reunión previa y organizada a última hora en un despacho, el consejero de Transportes de la Comunidad, Francisco Granados, y el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Juan Bravo, enterraron el hacha de guerra mientras los otros 17 miembros del consorcio esperaban en una sala próxima a que comenzara la sesión. Después de casi dos horas de discusión, Granados y Bravo anunciaron el acuerdo y lo sometieron a votación: el consorcio lo aprobó por 15 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones (las de los representantes de UGT, Gobierno central y consumidores).

Con este pacto entre Comunidad y Ayuntamiento, la relación de fuerzas en Metro queda como sigue. Todas las partes conservan su cuota en número de consejeros: cinco el Gobierno regional, cinco el Ayuntamiento, dos el Ejecutivo central, dos los sindicatos, uno los consumidores y un delegado del Consorcio Regional de Transportes. Esperanza Aguirre renuncia, por tanto, a su objetivo de tener al menos siete puestos en el consejo, y por supuesto a lograr la mayoría absoluta que anhelaba en un principio.

Sin embargo, en número de votos reales, la paridad entre Ayuntamiento y Comunidad no es tal, porque el representante del consorcio -elegido por consenso entre las dos administraciones- es, desde ayer, un alto cargo del Ejecutivo de Esperanza Aguirre: el gerente del organismo, José Manuel Pradillo.

Competencias ejecutivas

Además, Pradillo asume las competencias ejecutivas que hasta ahora tenía Manuel Melis, presidente del consejo y nombrado a propuesta del gobierno municipal. Las compartirá con Ildefonso de Matías, el gerente de Metro, nombrado por el consejo de administración de la empresa y que forma parte de él con voz pero sin voto.

De Matías es colaborador de Melis desde hace años y persona próxima a Ruiz-Gallardón, pero la Comunidad lo considera un buen técnico y por eso ayer no exigió su sustitución; de la misma forma, Pradillo es un hombre de Esperanza Aguirre pero al Ayuntamiento "no le molesta en absoluto", según dijeron ayer desde ambas partes.

Esos dos técnicos compartirán, por tanto, la gestión ordinaria del Metro: la autorización de contratos de limpieza, seguridad o mantenimiento, la ejecución de cobros y pagos, la compra o venta de bienes muebles o inmuebles, la admisión o destitución de personal, entre otras funciones. Las obras de ampliación de la red no dependen de Metro, sino de otra empresa 100% autonómica: Mintra.

El consejero Granados y el concejal Bravo utilizaron su comparecencia conjunta después de la votación para intentar convencer de que la crisis entre ambas instituciones nunca ha existido, y de que los cambios pactados "benefician a todos". "Hay que destacar la flexibilidad mostrada por las dos partes. Los madrileños deben saber que se va a mantener el servicio de transporte público y que este acuerdo es bueno para todos", dijo Granados. "Han sido unos días de negociación intensa, pero finalmente se mantiene el status quo del consejo y la tradición de la institución: tomar las decisiones por consenso", agregó Bravo.

Ninguno hizo referencia a las duras palabras y advertencias que se cruzaron el día anterior representantes de las dos administraciones gobernadas por el PP, que acusaron a la parte contraria de haber perdido la "cordura".