Francia destruye 67.000 empleos, por primera vez en diez años

Francia destruyó empleos el año pasado y esta situación afectó a todas las categorías de la población. El saldo entre el trabajo creado y el destruido arroja una pérdida de 67.000 empleos en un año, con una tasa de paro que alcanzó el 9,7% a finales de diciembre y ha subido en febrero al 9,8%, dos décimas más de lo previsto. El paro aumenta más rápidamente entre los hombres que entre las mujeres, si bien éstas continúan representando la parte más frágil del mercado de trabajo (el 11,4% de mujeres activas están en paro, frente al 9,3% de hombres). En este contexto, la patronal advirtió que el seguro de paro está en peligro.

Por primera vez en un decenio, el sector público perdió 100.000 empleos en un año, lo cual no se compensa con el dinamismo del sector privado. El Gobierno de Jean-Pierre Raffarin ha reducido las ayudas al empleo público y las ha reorientado hacia empresas privadas, que crean empleos más duraderos (parte del empleo público destruido era de contratos de jóvenes con duración determinada), pero no en cantidad suficiente. Como en otros países, encontrar trabajo sigue siendo muy difícil a partir de los 50 años de edad: esta población sólo representa el 6% de las contrataciones efectuadas en 2003.

Los datos no se refieren al paro registrado, sino a la encuesta de población activa que el Instituto de Estadísticas (INSEE) lleva a cabo regularmente. Por esa vía, el número de parados representaba 2.707.000 personas a finales de 2003, un recuento más exhaustivo que los 2.446.500 demandantes de trabajo contabilizados por la Agencia Nacional para el Empleo. Si se atiende este último criterio, a finales de 2003 buscaban trabajo 137.900 personas más que al final de 2002.

Vísperas electorales

De modo que, se mire por donde se mire, el recién remodelado Gobierno de Raffarin se enfrenta a un aumento fuerte del paro, en vísperas de unas elecciones europeas en las que los primeros sondeos otorgan la victoria a la izquierda, frente a la derecha, actualmente en el poder. El nuevo ministro de Economía, Nicolas Sarkozy, acaba de pedir al resto del Gabinete que se ajuste el cinturón, congelando gastos presupuestados para este año por valor de 7.000 millones de euros.

En medio de este panorama, una sentencia judicial cuestiona la reciente reforma de los criterios para el seguro de paro, que provocaron la supresión de las prestaciones a unos 250.000 parados en el primer mes de 2004. Un tribunal de Marsella ha dado la razón a 37 de ellos, que reclamaron contra la suspensión de sus prestaciones como una "ruptura de contrato" con Unedic, el organismo encargado de gestionar el seguro de paro.

El presidente de Medef (la principal organización patronal), Ernest-Antoine Seillière, dedicó ayer una conferencia de prensa a lamentarse vivamente de que los acuerdos sociales vigentes en Francia sean "cuestionados sistemáticamente, unas veces por la ley, otras por la calle, otras por los jueces".

A su juicio, si la sentencia de Marsella se aplica sistemáticamente al conjunto de los parados que han sido privados de sus prestaciones, esta medida costará "entre 1.500 y 2.000 millones de euros" a una institución gestionada por la patronal y los sindicatos, que acumula ya un déficit de más de 7.000 millones de euros. "Si además faltan otros 2.000 millones de euros, esto va a ser un drama y el seguro de paro, como ocurre con el de enfermedad, se verá amenazado en su existencia misma a causa de los déficit", martilleó el presidente de la patronal francesa.