Jueces y fiscales buscan fórmulas eficaces contra los delitos ambientales

La búsqueda de instrumentos eficaces para combatir los delitos contra el medio ambiente concentra desde ayer en Málaga en unas jornadas de reflexión a jueces y fiscales españoles que, entre otros asuntos, tratan de delimitar hasta donde debe llegar la sanción administrativa y cuando debe derivarse una actuación penal. En la primera jornada concluyeron que en esta lucha hay en juego derechos fundamentales.

El magistrado del Tribunal Supremo Carlos Granados, director del Foro de Formación y Estudios Medioambientales del Poder Judicial reconoció que "todavía todos los que tenemos algo que decir en esta materia tenemos que hacer un mayor esfuerzo en la protección del medio ambiente". Citó como uno de los asuntos claves para procurar mayor eficacia los criterios y métodos para realizar los informes periciales que ayuden a juzgar este tipo de delitos. Reconoció que es necesaria una mayor implicación de los estamentos judiciales en la protección del medio ambiente, pero apostó igualmente por fomentar también la educación en este aspecto en la administración e incluso entre los ciudadanos para que sean "más responsables". .

Para ello, en las jornadas que se celebran hasta el próximo miércoles en Málaga se analizarán los instrumentos de que disponen los jueces, hasta qué punto se considera una sanción administrativa y cuándo debe intervenir el derecho penal en la protección del medio ambiente.

En su opinión, la vía penal debe ser "la última ratio" y debe adoptarse en casos de "conductas que pongan en peligro no solamente el medio ambiente, sino la salud y la intimidad de las personas". "Ya que están en juego muchos derechos fundamentales, debe intervenir el derecho penal", apostilló.

En este sentido se refirió a la contaminación acústica, y recordó que España es junto a Japón uno de los países que más la soporta en el mundo. También recordó que ha habido sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en las que "se ha castigado con prisión la contaminación del medio ambiente", y agregó que cada vez existe mayor sensibilidad en los tribunales en esta materia.

Como consecuencia de esta mayor sensibilidad, Granados dijo que han aumentado las denuncias, y que en los juzgados hay cada vez más causas abiertas por estos asuntos. Sin embargo reconoció que, como sucede con los asuntos de violencia de género, se cometen muchos más delitos de los que se denuncian y llegan a los tribunales de justicia, y que, aunque empieza a haber una persecución por la vía penal, "es preciso hacer un mayor esfuerzo.

El Foro de Formación y Estudios Medioambientales del Poder Judicial tendrá su sede en Andalucía, tras el convenio firmado por la Junta con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Granados aseguró que la Junta es "pionera en la sensibilidad de unos temas de tanta importancia como el medio ambiente".

Alfonso López Tena, vocal del Consejo General del Poder Judicial, dijo que las actividades organizadas hasta la fecha por el foro han sido acogidas "de manera enormemente favorable" por los jueces, y apuntó que la media de solicitudes en el Plan de Formación Continuada se sitúa en 112, mientras que la demanda para actividades en Andalucía asciende a 167.

Las jornadas, que se celebran en Málaga hasta mañana miércoles son la primera fase de un calendario de cinco actividades organizadas durante este año en toda la comunidad autónoma.

En las sesiones de hoy está previsto que se aborden cuestiones como la prevaricación medioambiental, la tutela judicial del medio ambiente, y la problemática de la emisión de dictámenes periciales en relación a este tipo de delincuencia.