La Junta investiga si se han consentido obras ilegales por silencio en Marbella

La Junta de Andalucía sospecha que el Ayuntamiento de Marbella puede estar utilizando la vía del silencio administrativo para permitir construcciones en la ciudad que no se ajustan al Plan General de Ordernación Urbana (PGOU) vigente, por lo que ha ordenado una inspección de los expedientes tramitados por el consistorio en los últimos meses, de los que no ha remitido información alguna a la delegación del Gobierno, como es preceptivo. La Junta además ha impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) ocho nuevas licencias municipales.

Según datos facilitados ayer por el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas en Málaga, José María Ruiz Povedano, en los últimos meses el Ayuntamiento de Marbella ha recibido entre 30 y 40 comunicaciones de inicio de obras de promotores que habían solicitado licencia municipal para construir sobre las que el Ayuntamiento agotó el plazo legal de tres meses que tiene para pronunciarse sobre su autorización. Estos promotores entienden que, según la ley, tienen derecho a iniciar las obras por silencio administrativo, e incluso solicitan al Ayuntamiento como garantía que certifique que éste se ha producido.

Ruiz Povedano reconoció que su departamento ha tenido conocimiento de esta circunstancia por uno de estos certificados emitido por el consistorio el 29 de enero de 2004 a una promotora que solicitó licencia para construir nueve bloques con 45 viviendas y en el que constata que "ha transcurrido el plazo de tres meses sin que haya recaído resolución expresa en el referido expediente". El certificado lleva la firma de la alcaldesa en funciones, Isabel García Marcos, y del secretario municipal.

La Junta sospecha que más que una dejadez u olvido, que según Povedano puede ser entendendible en algún caso aislado, se trata de una estrategia para permitir construcciones no ajustadas a planeamiento, dada la cantidad de petición de certificados de silencio administrativo que ha detectado.

Para corroborar estos datos, la Junta ha tenido que recurrir a uno de los nuevos instrumentos contemplados en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que entró en vigor en enero de 2003, el envió de una inspección al consistorio.

Falta de colaboración

Ruiz Povedano se quejó también de la falta de colaboración del consistorio marbellí, y dijo que desde la toma de posesión del gobierno que preside la ex gilista Marisol Yagüe, el 14 de agosto de 2003, la Junta ha requerido en una docena de ocasiones al Ayuntamiento que le remita información de los acuerdos urbanísticos adoptados por los órganos de gobierno, a los que sistemáticamente no ha respondido.

Entre otros asuntos, esta falta de respuesta se ha producido en ocho requerimientos de la administración autonómica al consistorio para que rectificara otras tantas resoluciones que entendía no ajustadas a derecho. Al no producirse la rectificación, la Junta ha acabado por interponer recursos contenciosos-administrativos.

Según Ruiz Povedano, esta actitud del consistorio marbellí constituye una "falta de lealtad institucional" que "no es congruente con el nuevo escenario de colaboración" entre ambas instituciones derivado del acuerdo que ambas firmaron en enero para la redacción del nuevo PGOU de la ciudad. "Hemos hecho un esfuerzo por incorporar al Ayuntamiento de Marbella a la legalidad urbanística, pero ahora vemos que no hay congruencia entre lo que dice y lo que hace", lamentó.

El convenio contemplaba que la Junta financiará el 60% del coste de los trabajos de redacción del nuevo plan y que el Ayuntamiento convocaría un concurso para adjudicarlos. La pasada semana concluyó el plazo de licitación, a la que han concurrido cuatro ofertas que ahora deben ser estudiadas por la comisión mixta que debe adjudicarlas.

La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, se mostró "perpleja y extraña" por las afirmaciones de Ruiz Povedano, que consideró "sin fundamento". Negó que su equipo de gobierno haya concedido licencias por silencio administrativo y aseguró que no otorga ningún permiso "que no se atenga escrupulosamente" al PGOU de 1986, que es el único que considera vigente.