Un informe critica el tratamiento televisivo de las víctimas del 11-M

El tratamiento informativo dado por las televisiones españolas a las víctimas y familiares del atentado del 11-M en Madrid "no fue respetuoso", según un informe presentado ayer en el Parlamento de Cataluña por el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). Pese a reconocer el carácter excepcional de la situación, el informe concluye que no se respetaron, en términos generales, "las pautas exigibles desde el punto de vista de los derechos de las víctimas y familiares" y constata la "falta de objetividad, imparcialidad y respeto al pluralismo" de las televisiones, "esencial" durante el día de reflexión previo a las elecciones.

El déficit más significativo, en opinión del CAC, fue "no garantizar siempre el pluralismo político y social" en los programas informativos, y señala especialmente el caso de TVE. Añade el informe que la atención a las concentraciones de protesta ante las sedes del PP como hecho noticiable "no fue siempre proporcionada, por exceso o por defecto". El CAC reprende a TV-3, el principal medio de comunicación público bajo su supervisión, por "no haber sido lo suficientemente ágil" en la reacción inicial de la noticia, de la que dio cuenta por primera vez a las 8.10, y califica de "poco cuidadoso" el tratamiento visual que hizo de la tragedia.

Según el CAC,

la modificación de las programaciones mantuvo en muchas televisiones la estructura y el formato habituales "característicos de una televisión de entretenimiento frívolo y susceptibles de constituirse en plataformas de mera expansión emocional en lugar de contribuir a la reflexión para superar el impacto desasosegador del atentado".

Previo a la presentación del informe del CAC, el director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, Joan Majó, explicó ante la Comisión de Control del Parlament que la liquidación del presupuesto de 2003 presenta un incremento de 26 millones de euros del déficit previsto, de 58 millones. El déficit que arrastra la televisión y radio públicas catalanas asciende a 800 millones de euros. A favor, Majó señaló el aumento de los ingresos por publicidad en 11 millones sobre la previsión inicial de 124,9 millones.