Magro aboga por juzgados exclusivos contra la violencia doméstica

El presidente de la Audiencia de Alicante y miembro del Observatorio de Violencia Doméstica, Vicente Magro, apostó ayer por la creación de los juzgados especializados en esta materia como instrumento eficaz para combatir el maltrato. Magro reconoció que la reforma del Código Penal en su apartado de violencia de género y que acarreó un endurecimiento sustancial de las penas, no ha ido acompañada de los medios materiales y humanos necesarios para su aplicación idónea. Fuentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional Policial admiten que son incapaces de controlar y hacer un seguimiento de las mujeres que cuentan con una orden de alejamiento. El portavoz nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Manolo del Álamo, señaló el miércoles que las unidades creadas para tal efecto son "ficticias", dado que no hay personal adscrito.

"El mejor sistema para garantizar las medidas de alejamiento son los juzgados especializados, incluidos en la ley", subrayó Magro, artífice de la primera guía orientativa para los profesionales de todos los estamentos implicados, desde el jurídico y hasta el policial, con el fin de combatir estos delitos. El presidente de la Audiencia apuntó que estos órganos jurisdiccionales incluyen la creación de una unidad de policía judicial encargada en exclusiva al control de las mujeres con grave riesgo de ser atacadas por sus parejas. "Es una forma de optimizar las medidas legislativas", remachó.

La experiencia de estos juzgados ya se aplicó en Alicante, Elche y Orihuela en enero de 2000, pero el proyecto fue abandonado un año después por la sobrecarga de trabajo y la escasez de medios. El ex decano y titular, por entonces, del juzgado de malos tratos en Alicante, Manrique Tejada, manifestó que tal y como estaban concebidos estos órganos judiciales "no eran efectivos". A la carga habitual que corresponde a cualquier juzgado tenían incorporada esta competencia de la violencia doméstica.

Según la Guardia Civil, los delitos de maltrato se multiplicaron por siete en la Comunidad Valenciana de enero a marzo de 2004.