Cuatro empresas concurren al concurso para la redacción del nuevo PGOU de Marbella

Cuatro estudios de arquitectura han presentado proyectos para concurrir al concurso de redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Marbella (PGOU). La mesa de contratación, constituida ayer, comenzó a analizar las ofertas, procedentes de dos empresas de Madrid, una de Sevilla y otra de Málaga. El Ayuntamiento dispone ahora de un plazo de 15 días para elegir al equipo redactor del futuro planeamiento y comunicar su decisión a la Junta de Andalucía, que aporta 1,5 millones de euros para la elaboración del documento.

Los nombres de las cuatro empresas son Enrique Baldallí y Asociados y Arnaiz Consultores, de Madrid; Estudio Pereda, de Málaga; y la sevillana Territorio y Ciudad. Esta última deberá acreditar en los próximos tres días que remitió su propuesta al Ayuntamiento antes del pasado lunes, fecha en la que expiraba el plazo para presentar ofertas. En principio y según la alcaldesa, Marisol Yagüe, todas ellas cumplen con los requisitos establecidos y han aportado la fianza de 30.000 euros fijada en el pliego de condiciones.

La mesa de contratación, que que preside Yagüe y en la que figuran como vocales los tenientes de alcalde Isabel García Marcos y Carlos Fernández, abrió ayer los sobres con las propuestas.

Una vez analizados todos los datos, el Ayuntamiento remitirá las ofertas a la Junta de Andalucía, que emitirá un informe. Aunque este no tiene carácter vinculante, el coordinador del PGOU, Arturo Moya, avanzó que se "respetará" su opinión. Yagüe confió en presentar un avance del documento antes del verano.

Pese a esta declaración de buenas intenciones, sin embargo existen varios puntos oscuros. Uno de ellos es la mesa de participación del PGOU. La alcaldesa pretende reducir a una sola persona, "dos como mucho", los representantes de las asociaciones de vecinos, mientras que estos reclaman uno de cada colectivo. Esta decisión de Yagüe no deja de ser significativa, habida cuenta que hace pocas semanas consiguió que la candidatura afín a ella lograse el control de la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Moya insiste además en que se respetará la legalidad vigente, aunque al mismo tiempo defiende la inclusión en el nuevo documento del texto elaborado por Jesús Gil y rechazado en tres ocasiones por la Junta, dos posturas difícilmente conciliables. En tanto se aprueba el documento, el Ayuntamiento pedirá a la Junta suelo a cuenta del nuevo PGOU para acometer infraestructuras y reactivar la actividad urbanística.