El PSOE recuerda a Aguirre que la obra de la M-30 dañará el río

El grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid presentó ayer una proposición no de ley en la Cámara regional en la que le exige a la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, que declare la "obligatoriedad inexcusable de realización de la correspondiente evaluación de impacto ambiental antes de proceder a cualquier modificación estructural sobre la M-30". El portavoz del PSOE, Rafael Simancas, acusó al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón de plantear "un fraude de ley" al basar en "un argumento falaz" su pretensión de que "una autovía se convierta en una calle sin más con un simple cambio de titularidad".

El texto de esta proposición no de ley, que probablemente será rechazada en el próximo pleno de la Asamblea por la mayoría del PP, exige, además, al "Ayuntamiento de Madrid, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones en materia ambiental, el riguroso cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid". Así se le solicita al alcalde que "elabore un plan conjunto para la M-30 que sea objeto de análisis ambiental", así como que en los estudios de impacto se "incluya un análisis detallado de los efectos" de las actuaciones en a M-30 "sobre el tráfico motorizado, las emisiones y concentraciones futuras de contaminantes, y sus efectos sobre los objetivos ambientales esablecidos en las directivas europeas".

Consejo de Estado

El Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió elevar al Consejo de Estado la cuestión de si es preceptiva o no, en este caso, la declaración de impacto ambiental antes de decidir si exonera o no al Ayuntamiento de este trámite. Rafael Simancas exigió a Esperanza Aguirre, que aclare cuál va a ser su determinación en este sentido porque, señaló, su actitud es "cuanto menos confusa" y se preguntó si su postura "es un capítulo más de la guerra soterrada que hay en el PP" o si pretende cambiar la declaración de impacto "por otra cosa". La resolución del Consejo de Estado, según fuentes del Gobierno regional estará en manos del Ejecutivo probablemente esta semana y, "con una contestación de un órgano consultivo, podremos tomar una decisión que se ajuste a la ley".

Asimismo, el PSOE en el texto de su proposición no de ley pide al Ayuntamiento que respete los "mecanismos de participación pública a través de las entidades ciudadanas establecidas en la ley "con el fin de que no se hurte a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de opinar sobre unos proyectos de gran incidencia sobre la realidad urbana". Por último, también insta al Consistorio a que se acuerden las medidas "rigurosas para que sea garantizada la preservación del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico situado en el ámbito de la actuación".