Accidentes de tráfico: ¿salud pública o policía sanitaria?

Ya hace casi 30 años, Giovanni Berlinguer ironizaba en su Malaria urbana sobre la respuesta del sistema sanitario a las consecuencias de los accidentes de tráfico. En lugar de poner el acento en las intervenciones preventivas dirigidas a los factores determinantes generales, como el diseño o la señalización de las vías de circulación -los famosos puntos negros-, se prefería situar centros de traumatología próximos a las carreteras y aumentar el número de ambulancias y helicópteros. No es de extrañar, pues, que los departamentos responsables de la seguridad vial ejerzan el liderazgo en la prevención y el control. La reducción de la mortalidad por accidentes conseguida en Francia, atribuible al riguroso cumplimiento de las normas de circulación, supone, además, un poderoso estímulo para acentuar el protagonismo de la policía, cuyo papel para garantizar que se cumplan las disposiciones legales es necesario.

Se necesita una política de salud pública que coordine todas las aportaciones para enfrentarse a esta epidemia

Otra cosa es que sea suficiente. Más allá de la obviedad de que las normas se deben cumplir para que sean eficaces, hay otros muchos factores involucrados. Aunque el factor humano sea capital, porque siempre hay personas implicadas en los accidentes, no se debe confundir la presencia de accidentados -condición sine qua non- con la causa que los produce. El comité sobre investigación en traumatismos del Institute of Medicine de Estados Unidos afirmaba en 1985 que "las lesiones son causadas por una exposición súbita a la energía calórica, eléctrica o cinética liberada por una colisión, caída o proyectil (...) y pueden ser deliberadas (agresiones) o no intencionadas (accidentes)". La extensión y gravedad de las lesiones dependen, en gran parte, de que la magnitud de la energía liberada supere la tolerancia del cuerpo.

Como explican Antoni Plasencia y Eva Cirera, las infecciones las provocan microbios que superan la capacidad inmunológica de la persona susceptible, pero para establecer una adecuada política de prevención de las enfermedades transmisibles es necesario comprender el proceso globalmente, más allá de identificar una eventual responsabilidad de las personas como fuente de infección. Análogamente, la prevención y control de los accidentes de tráfico requiere profundizar en el análisis de los determinantes más relevantes y plantear las intervenciones más pertinentes.

La OMS, que ha dedicado el día mundial de la salud -con el que se celebra su creación el 7 de abril de 1948- a la seguridad vial, considera que, además de la conducción bajo los efectos del alcohol y la velocidad, otros factores cruciales son la poca utilización de los dispositivos de seguridad, como los cinturones, los asientos para niños y los cascos; una planificación inadecuada del transporte y la movilidad; el diseño de vehículos inseguros, el poco desarrollo de las medidas de seguridad vial y la falta de atención sanitaria.

El impacto que sobre la salud de la población mundial tienen los accidentes de tráfico es notable. Alrededor del 2,5% de todas las muertes que se producen cada año en el mundo son directamente producidas por los accidentes. Más de la mitad de ellas se producen en personas menores de 45 años, una de las principales causas de mortalidad prematura y evitable. Se estima que anualmente entre 10 y 15 millones de personas sufren lesiones producidas por este tipo de accidentes, con graves repercusiones en la calidad de vida de los lesionados. Aunque la magnitud del problema es mayor en los países en desarrollo, donde se producen el 90% de las muertes, los accidentes de tráfico siguen encabezando las causas de morbilidad y de mortalidad prematura en muchos países desarrollados como el nuestro.

En su informe sobre la crisis de seguridad vial en el mundo del pasado agosto, el secretario general de Naciones Unidas constataba que mientras el planteamiento tradicional ha consistido en hacer recaer la responsabilidad de las colisiones a los usuarios de la carretera, conviene asumir la falibilidad de las personas de forma que las políticas de prevención tengan en cuenta, también, las condiciones de las vías de circulación y de los vehículos.

De la misma forma que se abordan otros problemas, los accidentes de tráfico requieren una estrategia de promoción y protección de la salud -además de la atención a los accidentados- en el ámbito específico de la locomoción de los humanos, basada en una valoración amplia del impacto de los accidentes en España, que, a pesar de los esfuerzos de algunos investigadores, dista de ser completa, entre otras razones por la diversidad de las fuentes y de los criterios de medición.

Una estrategia que integre los datos procedentes de tráfico con las estadísticas de mortalidad y la información sanitaria, analice la influencia de los distintos determinantes y evalúe la efectividad de las intervenciones, se refieran a las carreteras, a los vehículos, a los conductores o a las actividades del sistema sanitario. Una investigación que no debe retrasar la intensificación de las medidas de prevención, sino desarrollarse paralelamente. Unas medidas que no pueden ser ajenas a la sanidad y a la salud pública. No sólo en los aspectos de la asistencia y la rehabilitación, también y, sobre todo, en los de la prevención.

Que desde los departamentos de interior de las administraciones públicas se mejore la señalización de las calzadas, la primera medida tomada por la flamante consejera de interior del Gobierno de Cataluña es muy positivo. No hay nada más convincente que empezar mejorando lo que directamente depende de uno mismo. También lo es que se apliquen las normas vigentes de tráfico, particularmente las relativas al consumo de alcohol.

Sin embargo, dado el grado de observancia de la normativa vigente, antes de modificarla convendría analizar las causas del incumplimiento, una de las cuales sería la eficacia de la vigilancia policial y una cierta confusión acerca de la actitud de los jueces. Pero no es la única. La cultura del consumo de bebidas alcohólicas y los eventuales efectos beneficiosos sobre la salud del consumo moderado confunden a muchas personas. Los conflictos de intereses producen inconsistencias y contradicciones que a veces dificultan la comprensión de las políticas preventivas y, en ocasiones, sirven de coartada a comportamientos irresponsables. A pesar de que la velocidad es uno de los determinantes mayores de la frecuencia y de la gravedad de los accidentes, no sólo se permite fabricar y vender vehículos capaces de alcanzar velocidades desproporcionadas a los límites permitidos, sino también una publicidad que evoca la intrepidez y hasta al salvajismo.

Se necesita, pues, una política de salud pública que coordine, desde el propósito principal de mejorar y proteger la salud, las múltiples aportaciones interdisciplinarias que permitan enfrentarse con éxito a la epidemia devastadora de los accidentes de tráfico y que, desde luego, se elabore para la población, pero también con y por la población.

Andreu Segura es profesor de Salud Pública de la Universidad de Barcelona y coordinador del proyecto AUPA Barceloneta.